El Observatorio de Política Social y Derechos Humanos informó que al año en el país se asientan de manera irregular 80 mil hogares, derivado de la falta de acceso a créditos de vivienda.
En un documento, el organismo destacó que otras causas que también causan esa situación son las distorsiones en el mercado de suelo, que incrementan su precio y ocasionan su especulación.
Indicó que de acuerdo con datos del Inventario de Suelo Vacante, realizado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el país existen 500 mil hectáreas de tierra disponible para la construcción de casas, en 121 ciudades que cuentan con más de 50 mil habitantes.
El observatorio destacó que ‘sin duda en la presente administración es cuando se han llevado a cabo diversas acciones en materia de regulación de localización de las viviendas, y han sido los efectos de los fenómenos naturales en las zonas irregulares los que han provocado el interés gubernamental’.
De esta forma, el Observatorio recordó que durante 2010 entraron en vigor los Lineamientos en Materia de Equipamiento, Infraestructura y Vinculación con el entorno, como una medida importante de la política de Sedesol para no otorgar créditos con recursos federales para la construcción de viviendas en zonas de riesgo y sin sustentabilidad.
Los objetivos de esa decisión son frenar el crecimiento de la mancha urbana en áreas de riesgo no mitigables y establecer un control a las inmobiliarias, al exigirles la realización de un Estudio de Riesgos de Origen Hidrometereológico, Geológico y Antropogénico, destacó el estudio.
Asimismo se obliga a las inmobiliarias a desarrollar las acciones necesarias para hacer frente a los riesgos mitigables identificados, sin embargo los resultados del estudio de riesgo dependen de las constructoras, de la validación que hagan el gobierno y de los intereses económicos subyacentes entre los diferentes involucrados.
En este sentido agregó que si bien el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 aporta un enfoque diferente al tratamiento que se le otorgó en años anteriores, al preverse el ‘desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos’, éste refleja aún una deficiente aplicación de políticas.
