La llegada del secretario general de la OEA, junto a la de la vicepresidenta española y el secretario general iberoamericano, quienes se reunirán con el mediador, Oscar Arias, vuelve a trasladar este lunes la crisis institucional hondureña a la órbita diplomática. La vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, quien llegó el domingo a Costa Rica acompañada por el secretario general para Iberoamérica, Enrique Iglesias, en una visita oficial, anunció que se reunirá con el presidente y mediador en la crisis, Oscar Arias, para darle el apoyo de España.
Junto a ellos, se dará cita en San José el máximo responsable de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, también para respaldar la labor mediadora de Arias y decidir los pasos a seguir. Arias, Fernández de la Vega e Iglesias cenaron juntos y se reunieron el domingo por la noche en casa del primero.
Para este lunes tienen previsto reunirse con Insulza, con el fin de estudiar los próximos pasos y decidir si Iglesias viaja a Honduras, como el presidente de facto Roberto Micheletti le solicitó la semana pasada a través de Arias. Desde que Arias presentó el pasado 19 de julio a las delegaciones del depuesto presidente Manuel Zelaya y de Micheletti su plan de acción para buscar una salida negociada a la crisis surgida tras el golpe de Estado del 28 de junio, el proceso parece estar estancado.
El plan del premio Nobel de la Paz costarricense prevé la restitución de Zelaya en el poder, la constitución de un gobierno de unidad nacional, amnistía para los delitos políticos y el adelanto en un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Este lunes está previsto que la comisión del Congreso hondureño creada para estudiar la propuesta de Arias, que cuenta con el apoyo unánime de la comunidad internacional, emita su opinión, después de haber declinado hacerlo la semana pasada.
No obstante, el gobierno de facto de Roberto Micheletti ha dejado claro que no aceptará el principal punto del plan de Arias: la restitución de Zelaya en el poder, mientras que el Tribunal Supremo de Elecciones ha dicho por su parte que es inconstitucional adelantar las elecciones. España exige una salida democrática en Honduras y para ello no ha dudado en promover medidas de presión a nivel europeo que se suman a las que ya han impuesto otros países y organismos financieros internacionales.
Además de hacer que los embajadores comunitarios se retiraran de Tegucigalpa, Madrid también promueve que Bruselas retire los visados a los máximos responsables del gobierno de facto, como ha empezado a hacer Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, advirtió el domingo a las nuevas autoridades hondureñas que tampoco reconocerá el gobierno que salga de las urnas el 29 de noviembre si antes no se ha restablecido el orden constitucional.
Por su parte, Zelaya abandonó su base de la ciudad nicaragüense de Ocotal en la frontera con Honduras -donde quedó un puñado de seguidores que participan en su “ejército popular”- para prepararse a viajar a México, donde el martes planea reunirse con el presidente Felipe Calderón. Mientras tanto, sus seguidores siguen presionando en Honduras, donde este lunes velarán a las dos últimas víctimas mortales registradas en el marco de la crisis -dos maestros- y anunciaron que a partir del miércoles se iniciarán desde todo el país dos multitudinarias marchas que convergerán en Tegucigalpa y San Pedro Sula para exigir su regreso
