El Gobierno federal aprobó desde mayo un decreto para prohibir la comercialización y exportación de los vapeadores, cigarros electrónicos y otras alternativas.
Sin embargo, senadores, expertos y médicos coincidieron durante el foro “Mitos y realidades del vapeo: ¿hacia dónde debe ir México?” que esta decisión es perjudicial para el país y los ciudadanos en temas de salud, economía y seguridad.
En el evento que se llevó a cabo el 15 de noviembre, la senadora de Morena, Eva Galaz Caletti, enfatizó que la prohibición de los dispositivos pone en peligro a los menores de edad, ya que al no haber una ley que los legisle pueden conseguir estos productos en el mercado negro o en máquinas expendedoras, por lo que subrayó la importancia de una regulación para evitar que los consuman.
“Hay cerca de 15 millones de fumadores en el país de entre 12 y 13 años de edad, ¿qué nos conviene más: prohibir o regular estos dispositivos? La pregunta es relevante ante el incremento en el consumo de los jóvenes, que se enganchan desde edades muy tempranas. Varios estudios demuestran que alrededor de 10% de los adolescentes han probado un vapeador, aun cuando estos productos están prohibidos”, comentó.
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A su vez, pidió al gobierno y legisladores trabajar juntos en una una regulación estricta e inteligente con base en evidencia, sin ideologías ni colores partidistas, pues de esta manera podrían frenar la ilegalidad de los vapeadores que, afirmó, genera entre 3 y 5 mil millones de pesos anuales en México.
“Les hacemos un respetuoso recordatorio: ningún convenio, por marco que sea, está por encima de los derechos humanos. Le pedimos a los funcionarios que dejen a un lado la intolerancia y la cerrazón. Trabajemos de la mano para desaparecer al mercado negro de esos dispositivos, el cual se estima que genera entre 3 y 5 mil millones de pesos anuales en México”, aseguró.
Desde el punto de vista económico, el senador del PAN y presidente de la Comisión de Economía del Senado, Roberto Juan Moya Clemente, sentenció que cuando se genera un mercado negro “todo mundo pierde”, desde los consumidores que adquieren ilegalmente productos nocivos y adulterados a través de este medio, hasta el Gobierno que pierde dinero en impuestos y persevera el contrabando.
“Queremos evitar el mercado negro porque ahí se ofertan productos nocivos e ilícitos. En la parte más primaria, quien deja de ganar dinero es el gobierno por estar de manera irregular y de contrabando o a través de máquinas expendedoras, quienes venden vapeadores o los mandan por el Uber o en fiestas. El mercado negro no paga impuestos, no sabemos dónde están ni quiénes son los que venden”, aseveró.
Sylvana Beltrones Sánchez, senadora del PRI y secretaria de la Comisión de Salud, señaló que no comparte las posiciones que buscan prohibir los vapeadores, ya que esta consciente de que esto siempre genera efectos contrarios como el aumento del mercado negro y el consumo de productos adulterados.
“Más bien lo que debemos de buscar es una regulación adecuada de los vapeadores basada en riesgos y criterios claros, sabemos que son alternativas al consumo del cigarro”, dijo.
Reiteró que vapear no es más dañino que fumar y lo que realmente pone en riesgo la salud de los usuarios es que al no contar con una ley que obligue a los fabricantes a que sus productos pasen por un control sanitario y que reporten las sustancias e ingredientes que contienen, se comercializan en la ilegalidad productos alterados.
Mientras que el médico infectólogo y experto en epidemiología, Alejandro Macías, argumentó que fumar es más peligroso que vapear y que los daños pulmonares agudos o neurológicos que se han registrado están relacionados a los líquidos adulterados que no estaban regulados como la vitamina E.
“Si no hay regulación, es más probable tener productos adulterados. Para poner cannabinoides se requiere líquido oleoso que regularmente es vitamina E, eso no está regulado”, explicó.
Por ese motivo, coincidió que el Gobierno y las autoridades de sanitarias debe apostar por una regulación y no por la prohibición, debido a que esto no reducirá el consumo de los vapeadores y no evita que los puedan adquirir ilegalmente en redes sociales o sitios web.
“El gobierno debe regular y no prohibir, es mejor. Hay que hacer algo para que no haya adulteración y eso solo se puede en un mercado regulado. La prohibición no necesariamente inhibe el consumo (…) quien pueda comprar dispositivos por internet lo obtendrá aunque esté prohibida su venta”, sentenció.
JGR
