Hoy las declaraciones del presidente López Obrador en su mañanera, -exigiendo que la UNAM denuncie a la ministra Yasmín Esquivel por el plagio de tesis -, y por otra, el posicionamiento de esta reconocida institución frente a este caso, dado a conocer ayer viernes en voz de su rector Enrique Graue, acaparan la atención pública.
El ámbito de la UNAM es simplemente académico y lo único que puede hacer esta institución es seguir reconociendo el título o retirarle la validez. A la UNAM no le toca denunciar jurídicamente, sino al afectado por el plagio.
Sin embargo, nadie menciona un hecho de sentido común, que es la vulnerabilidad del presunto plagiado al enfrentarse y desmentir a una ministra, siendo él un miembro del poder judicial. La correlación de fuerzas entre ambos es totalmente inequitativa.
El video que estos últimos días se ha dado a conocer muestra a Edgar Báez, -el presunto plagiario según la ministra-, firmando documentos, o sea la carta de aceptación del plagio.
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Destaca en la foto del video que fue difundida mediáticamente, la presencia del notario Amando Mastachi detrás de él, quien es el único de los dos que se identifica visualmente, pues quien firma trae gorro y cubrebocas.
Curiosamente este importante elemento probatorio no fue mencionado originalmente como parte de las pruebas presentadas ante la Fiscalía de la CDMX-, lo cual deja una leve sospecha de que podría haber sido realizado posteriormente al escándalo, -como un montaje-, y la participación de Edgar Báez podría haber sido bajo coacción. En fin, la sospecha toma camino sobre la base de la crisis de credibilidad que se expande por todo México, contaminando la credibilidad pública en la impartición de justicia.
El caso de la tesis de la ministra rebasa con mucho el ámbito académico. Quizá, -de todo lo sucedido con este caso-, lo más grave y lo que debiese preocuparnos, es la actitud de la ministra a partir de sus intentos por escabullir las responsabilidades de su error juvenil y las consecuencias del posible plagio.
El sentido común nos dice que si ambas tesis en conflicto se parecen, -al grado de ser consideradas “copia sustancial” una de otra, de acuerdo al dictamen técnico de la FES Aragón-, podemos deducir que para validar la declaración de originalidad de la ministra, la tesis de ella debía haber estado totalmente concluida varios meses antes del examen profesional de Edgar Báez, -considerando el tiempo de análisis por parte del jurado y del trámite burocrático-, o sea, antes de julio de 1986, fecha que consigna la carátula de la tesis de Edgar Báez.
Además, la tesis de la ministra cita referencias de periódicos publicados en 1986 y menciona la crisis económica de 1987. De este modo hace difícil suponer que pudiese estar totalmente terminada a finales de 1985 o principios de 1986.
Sin embargo, no es lo mismo considerar el error de juventud cometido por una estudiante, que las posibles faltas a la verdad cometidas por una ministra perteneciente al máximo tribunal constitucional del país.
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Sin embargo, buscando la esencia de este acontecimiento que ha sacudido al país, debemos reconocer a estas fechas que el enfoque académico, -que es el que compete a la UNAM-, es sólo una parte del contexto.
Lo más grave es el silencio de la misma SCJN frente a la conducta asumida por uno de sus once integrantes, pues no se ha manifestado institucionalmente respecto a este caso que daña invariablemente su reputación como organismo autónomo y además, la credibilidad de todo el Poder Judicial.
Es inentendible que mientras una tormenta mediática sacude a la opinión pública, dentro de esta institución se tome la actitud de “aquí no pasa nada” y la ministra continúe en funciones votando durante las sesiones del máximo tribunal constitucional del país.
Si a ese nivel jerárquico, -en un caso tan polémico-, se falsean los hechos con total impunidad, entonces… ¿cuál es la garantía de una actitud ética en los procesos que están bajo su responsabilidad?
Una reputación sana se construye a lo largo de toda una vida, pero para perder la credibilidad basta un error.
Cabe destacar que la gran esperanza que permeó en la sociedad con el nombramiento de la ministra Norma Lucía Piña como presidenta de la SCJN, -con base en su trayectoria, estudios y su honorabilidad-, es momento de capitalizarla para rescatar la confianza de la sociedad respecto a nuestro sistema de justicia. Para ello es necesario que la SCJN tome cartas en este asunto que daña su reputación institucional y la de todo el Poder Judicial. Este es el reto más urgente.
LA VENDEDORA DE AGUAS FRESCAS
El asesinato de un vendedor de frutas en Acapulco la tarde de este jueves 19, así como la ejecución de una señora que vendía aguas frescas en esa ciudad, el día 15, además de otros homicidios cometidos en ese estado, reflejan quizá una de las más sensibles tragedias que viven los microempresarios mexicanos a lo largo del país: “el cobro de piso”.
Este delito que podemos calificar como extorsión se extiende cada vez más por todo México, frente a la indiferencia del gobierno federal, así como de los estatales y municipales.
Sin embargo, este delito que no sólo es patrimonial, -o sea económico-, conlleva castigos físicos y agresiones a los deudores, -e incluso asesinatos por la falta de pago-, como parecen ser estos dos casos. Es el delito más extendido y a la vez, el más ignorado y con menor castigo.
Antes sólo se cobraba “derecho de piso” al comercio formal, pero ahora llega al comercio informal, donde la gente está en nivel de sobrevivencia.
Incluso para amedrentar a sus extorsionados estas bandas muestran videos en las redes sociales castigando a sus deudores, denigrándolos y obligándolos a dar un mensaje reconociendo que el castigo se debe a la falta de pago.
¿Dónde está el gobierno que se ufana de proteger “primero a los pobres”?
Está más preocupado por los asuntos electorales, que por defender “al pueblo”.
LA MINISTRA PIÑA EN LA MAÑANERA
El presidente explicó en la mañanera de ayer viernes que desde que la ministra Norma Lucía Piña asumió la presidencia de la SCJN, en el Poder Judicial se han fortalecido las prácticas corruptas.
Lo que no está considerando el presidente es que la ministra Piña sólo lleva 18 días en el cargo y él, -a cuatro años de asumir la presidencia de la república-, sigue culpando de todos los problemas del país a sus antecesores y al modelo neoliberal, al cual dice haber sepultado ya. Es simple aritmética.
Esta declaración presidencial parece ser el inicio de una campaña de desgaste en contra de ella y de la SCJN.
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JGR
