Una madre salvadoreña que logró cruzar la frontera denunció desde Estados Unidos que dos funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) le pidieron “urgentemente” tres mil dólares para “ampararse” y “detener la deportación” de su hija de 12 años, quien permanece en custodia en un albergue al sur de laCiudad de México. Los hechos quedaron documentados en llamadas telefónicas e informes internos de la institución.
Uno de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), Leonardo Antonio Arroyo Sánchez, ya fue separado de su cargo como subdirector de Medidas de Protección y denunciado ante el Órgano Interno de Control (OIC), dependiente de la Secretaría de la Función Pública, que abrió una investigación.
