Por cuatro pichurrientos relojes Rolex que no incluyó en su declaración patrimonial la presidenta de Perú, Dina Boluarte, está en serios problemas. Su casa fue allanada en una diligencia judicial por este bochornoso caso denominado “Rolexgate” y ella tuvo que aceptar este procedimiento. ¿Usted se imaginaría una diligencia judicial similar aquí en México?
En México cualquier alcalde de una ciudad mediana puede tener Rolex, joyas y camionetas de lujo en su casa, sin levantar sospechas.
Además, la presidenta Boluarte tuvo que acudir ayer viernes 5 de abril ante la fiscalía peruana para rendir cuentas sobre esos relojes no declarados.
La cara se nos debiese estar cayendo de vergüenza a los mexicanos porque los casos de corrupción denunciados públicamente -y sustentados con documentos por ONGs y difundidos por los más importantes medios de comunicación y las redes sociales-, nunca son investigados y menos aún si son atribuidos a gente cercana a nuestro Presidente.
Sólo basta con que el presidente López Obrador en una mañanera exonere y le dé un voto de confianza a un funcionario público denunciado públicamente, para que un manto de impunidad proteja al presunto corrupto sin que siquiera se le investigue.
¿Qué aires democráticos corren por Perú que aquí no llegan?
Este país —Perú— tiene actualmente presos a dos expresidentes: a Alberto Fujimori y a Pedro Castillo. Este último es el antecesor de la presidenta Boluarte y fue procesado mientras estaba en el cargo y posteriormente destituido y encarcelado.
Cabe decir que Pedro Castillo —muy amigo del presidente López Obrador— intentó un golpe de estado que fue la gota que derramó el vaso y por ello fue destituido y encarcelado.
Además, el expresidente Alan García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido por la policía para enfrentar cargos por corrupción.
A su vez el actual presidente de Brasil, Luiz Inacio “Lula” Da Silva, pasó 580 días en la cárcel mientras era investigado con relación al caso Odebrecht.
La también expresidenta brasileña Dilma Rousseff fue destituida por violar normas fiscales y maquillar el déficit presupuestal.
Lo aparentemente inexplicable es que delitos denunciados públicamente y exhibidos en los medios de comunicación de cobertura nacional —y en redes sociales— no tienen ninguna consecuencia. Incluso el financiamiento de campañas electorales con dinero presuntamente de origen ilícito —como lo hizo el empresario tamaulipeco Sergio Carmona, denominado como el “rey del huachicol”—, quedan en la impunidad.
Este empresario huachicolero fue asesinado en noviembre del 2021 después de aportar 500 millones de pesos para campañas de funcionarios que hoy están en el poder. Sin embargo, ese delito no tuvo ninguna acción judicial de por medio, ni para él, ni para los hoy funcionarios públicos que recibieron ese dinero ilícito, infringiendo la ley electoral.
La pregunta que cabe hacernos es … ¿por qué las instituciones autónomas de nuestro país no logran sancionar el delito que involucra a funcionarios de altísimo nivel?
La respuesta es muy clara… no hay quien ejecute las acciones judiciales emitidas en contra de quienes tienen poder gubernamental.
La FGR es quien debiese tomar las acciones pertinentes —como lo hacen en Perú, Brasil y todos los países democráticos—, donde el Estado de derecho está por encima de los funcionarios que gobiernan.
En nuestro caso, la FGR ha estado ausente durante lo que va de este sexenio. Con tantas denuncias de corrupción —como la de Segalmex—, delitos de financiamiento electoral —como lo es el caso de Sergio Carmona—, violencia criminal extrema, asesinatos de candidatos y un sinfín de delitos graves, ¿Usted recuerda una acción contundente de nuestra fiscalía?
Más allá del caso fallido de Lozoya, no hay nada. De nada sirven las denuncias si quien debe ejecutar el mandato judicial lo ignora. Si el combate a la corrupción anunciado por el Presidente desde su campaña fuese real —y la FGR hiciera su trabajo—, hoy tendríamos las cárceles llenas de funcionarios corruptos.¡Viva México! ¿A usted qué le parece?
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