ulio. Ante la aprobación de esta ley, distintas organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación, argumentando que podría ser utilizada de manera indiscriminada para violar la privacidad de los ciudadanos y para fines de espionaje político.
Por otra parte, el gobierno ha defendido la ley como una herramienta necesaria para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad pública en el país. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha reiterado que el acceso a estas bases de datos estará sujeto a controles y supervisiones para evitar abusos.
La discusión sobre la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública continuará en el Senado, donde se espera que se analicen con mayor detenimiento sus implicaciones y se realicen posibles modificaciones antes de su aprobación final.
Mientras tanto, la sociedad civil y la oposición seguirán atentas a su aplicación y al respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el marco de esta nueva normativa en materia de seguridad pública.