El Gobierno de México rechazó de manera categórica los señalamientos emitidos por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que por primera vez llevó la crisis de desapariciones del país ante la Asamblea General.
El pronunciamiento del organismo internacional señaló la existencia de indicios de una práctica “generalizada” y/o “sistemática” de desaparición forzada en territorio mexicano, lo que generó una inmediata respuesta del Estado mexicano, encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Postura oficial de México
En un comunicado difundido por la Cancillería, el Gobierno mexicano calificó como “inadmisibles” las afirmaciones del CED y aseguró que carecen de sustento jurídico y fáctico.
“Las afirmaciones emitidas por el Comité carecen de sustento y no son admisibles”, precisó la SRE, al tiempo que enfatizó que la desaparición forzada en México no responde a una política de Estado, sino que es consecuencia directa de la violencia perpetrada por grupos de la delincuencia organizada.
La dependencia encabezada por la canciller Alicia Bárcena Ibarra recordó que México ha mantenido una política de apertura y cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos, y que ha ratificado todos los instrumentos internacionales vinculados con la materia.
“México es uno de los países más abiertos al escrutinio internacional, como lo demuestra la ratificación de todos los Tratados de Derechos Humanos”, reiteró la Cancillería.
Contexto del pronunciamiento del CED
El Comité contra la Desaparición Forzada activó por primera vez un procedimiento bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que contempla la posibilidad de que el organismo examine si en un país se cometen desapariciones de manera generalizada o sistemática.
Este procedimiento se considera una de las acciones más severas de control internacional dentro del sistema de la ONU, y su activación refleja la preocupación de los expertos por el tamaño y persistencia del fenómeno en México.
De acuerdo con datos del propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México existen más de 114,000 personas desaparecidas o no localizadas hasta octubre de 2025, cifra que representa una de las más altas a nivel mundial.
El CED ha sostenido que los esfuerzos del Estado mexicano no han sido suficientes para garantizar la localización de las víctimas ni el acceso a la justicia para las familias afectadas.
Respuesta diplomática y cooperación internacional
Pese a la firmeza del rechazo, la SRE subrayó que México continuará colaborando con las instancias internacionales, incluyendo al propio Comité, para fortalecer las políticas públicas de búsqueda y combate a la impunidad.
Fuentes diplomáticas destacaron que el Gobierno federal mantiene una “relación constructiva” con el CED, y que el diálogo entre ambas partes no se encuentra roto, aunque sí “en un punto de desacuerdo sustantivo” respecto a la interpretación de la situación nacional.
En este sentido, México recordó que ha recibido diversas visitas oficiales de organismos internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de contar con mecanismos de cooperación técnica con países como Alemania, España y Argentina para el fortalecimiento forense.
Delincuencia organizada, el factor central
El Gobierno mexicano insistió en que la principal causa de desapariciones está vinculada a la delincuencia organizada y no a acciones institucionales.
El argumento se apoya en los informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que indican que la mayoría de las denuncias por desaparición están relacionadas con actividades criminales de alto impacto, como el narcotráfico, la trata de personas y la migración irregular.
En el comunicado, la SRE sostuvo que el Estado mexicano no promueve ni tolera las desapariciones, sino que es víctima indirecta de la criminalidad, y recordó que se han implementado mecanismos legales y operativos, como el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con el fin de reducir el fenómeno.
Reacciones nacionales e internacionales
Organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación por el tono del pronunciamiento oficial, al considerar que minimiza la responsabilidad estatal en los casos de desaparición.
Sin embargo, especialistas en derecho internacional consultados señalan que el rechazo de México no implica un rompimiento con los mecanismos de supervisión de la ONU, sino una defensa jurídica del marco de soberanía nacional, que es común en los procesos de revisión internacional.
El abogado internacionalista Eduardo Robles Carrillo apuntó que el procedimiento activado por el CED no equivale a una condena, sino a una investigación preliminar que busca determinar si existe una política sistemática.
“México deberá presentar información detallada y actualizada sobre sus mecanismos de búsqueda y persecución penal. En función de ello, el Comité decidirá si procede una evaluación a fondo”, explicó.
Una crisis que persiste
Más allá de las diferencias diplomáticas, el fenómeno de las desapariciones en México sigue representando un desafío estructural. La dimensión del problema involucra a diversos actores: autoridades locales, instituciones de justicia, cuerpos de seguridad y organizaciones criminales.
Expertos coinciden en que, más allá de los señalamientos, la clave está en fortalecer los sistemas de búsqueda, mejorar las capacidades forenses y garantizar la coordinación interinstitucional.
El desafío para México será mantener la cooperación internacional sin ceder soberanía, al tiempo que demuestra resultados tangibles en materia de justicia y derechos humanos.
Conclusión
El intercambio entre el Gobierno de México y el Comité contra la Desaparición Forzada refleja una tensión constante entre la supervisión internacional y la soberanía nacional.
Mientras la ONU demanda resultados y reconoce patrones alarmantes, el Estado mexicano defiende su actuación y atribuye la crisis a la delincuencia organizada.
El desenlace de este procedimiento marcará un precedente para la relación de México con los organismos internacionales y, sobre todo, para las miles de familias que buscan a sus seres queridos.
