Por Redacción 24 de diciembre de 2025
En una tarde de Nochebuena que ha sacudido los círculos judiciales del país, el nombre de Daniel Arizmendi López ha vuelto a ocupar los titulares de la prensa nacional. Conocido infamemente como «El Mochaorejas«, el exlíder de una de las bandas de secuestradores más sanguinarias de la década de los 90 ha recibido una noticia legal inesperada: una sentencia absolutoria. Sin embargo, antes de que la indignación social se desborde, es crucial entender los matices de esta resolución.
Una jueza federal del Estado de México determinó que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no logró acreditar su responsabilidad en un caso específico de privación ilegal de la libertad. Aunque la orden judicial dicta su «inmediata libertad» respecto a ese expediente, la realidad penitenciaria de Daniel Arizmendi es mucho más compleja. A continuación, desglosamos los 6 puntos clave para entender este fallo, sus alcances y por qué el secuestrador no caminará por las calles esta Navidad.
1. La resolución: Absuelto por falta de pruebas
La noticia emanó del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. La jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo analizó un expediente antiguo que databa de 1997 y concluyó que existían deficiencias probatorias insuperables. Según el fallo, el Ministerio Público de aquella época no aportó evidencias directas que vincularan a Daniel Arizmendi con ese secuestro en particular.
La juzgadora argumentó que las imputaciones se basaban en testimonios de oídas o identificaciones realizadas a través de programas de televisión, lo cual viola el debido proceso y la presunción de inocencia. Bajo el estricto derecho penal, si la autoridad no puede probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, debe absolver. Así, tras 27 años de litigio en esta causa específica, Daniel Arizmendi fue declarado inocente de este cargo, un revés técnico para la fiscalía que evidencia los vicios del sistema de justicia de finales del siglo pasado.
2. La sentencia «compurgada» por delincuencia organizada
En la misma resolución judicial de este miércoles, hubo una segunda determinación importante. Si bien fue absuelto del secuestro, la jueza sí encontró elementos para condenar a Daniel Arizmendi por el delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La pena impuesta por este delito fue de 8 años de prisión y una multa económica. Sin embargo, la matemática jurídica entró en juego: dado que Daniel Arizmendi fue detenido en agosto de 1998 y ha permanecido recluido ininterrumpidamente desde entonces, la jueza declaró que esta pena ya está «compurgada» (cumplida). En términos simples, ya pagó con creces esos 8 años tras las rejas, por lo que legalmente no debe ni un día más por esa acusación específica.
3. ¿Por qué no saldrá libre Daniel Arizmendi?
Aquí radica el punto medular que tranquilizará a las víctimas y a la sociedad. La orden de libertad emitida hoy aplica exclusivamente para el expediente revisado por la jueza Duarte Cedillo. Daniel Arizmendi no es un recluso procesado por un solo crimen; es un delincuente que acumula una montaña de sentencias condenatorias firmes.
Su historial delictivo incluye condenas que, sumadas, superan los 390 años de prisión (algunas fuentes citan hasta 40 años por causa en sistemas anteriores). Estas otras sentencias por secuestro, homicidio, portación de armas y lesiones siguen vigentes y activas. Por lo tanto, aunque reciba una boleta de libertad por el caso de hoy, las autoridades penitenciarias del penal del Altiplano lo mantendrán en custodia para que continúe pagando sus deudas pendientes con la justicia mexicana.
4. El contexto histórico: El terror de los 90
Para las nuevas generaciones, el nombre de Daniel Arizmendi podría sonar lejano, pero su impacto en la psique colectiva de México es imborrable. Durante su auge criminal entre 1995 y 1998, instauró una industria del terror basada en la mutilación.
Su modus operandi, que le valió el apodo de «El Mochaorejas», consistía en cortar partes de las orejas de sus víctimas para enviarlas a las familias como medida de presión psicológica para acelerar el pago de rescates millonarios en dólares. La brutalidad de Daniel Arizmendi marcó un antes y un después en la seguridad nacional, impulsando reformas antisecuestro y la creación de unidades especializadas. Que un perfil de esta peligrosidad obtenga una victoria legal, aunque sea parcial, reabre heridas en la memoria histórica del país.
5. Fallas en el debido proceso: La lección jurídica
Este fallo absolutorio no declara que Daniel Arizmendi sea una «buena persona», sino que el Estado falló en procesarlo correctamente en ese caso específico. Es un recordatorio de que muchas investigaciones de los años 90 se construyeron sobre bases endebles, tortura o irregularidades que hoy, bajo el escrutinio de los derechos humanos y el nuevo sistema penal, se desmoronan.
Expertos penalistas señalan que es probable que la defensa de Daniel Arizmendi siga buscando estos huecos legales en otros expedientes. La estrategia de «litigar el pasado» busca reducir penas o anular sentencias argumentando violaciones al debido proceso, como la falta de asistencia consular, detenciones arbitrarias o, como en este caso, la insuficiencia probatoria de una fiscalía que a menudo priorizaba lo mediático sobre lo técnico.
6. La reacción de las víctimas y la sociedad
La noticia ha generado un debate inmediato en redes sociales y foros de opinión. Organizaciones civiles como Alto al Secuestro han expresado su preocupación de que figuras como Daniel Arizmendi logren beneficios legales después de tanto tiempo. Existe el temor de que este tipo de resoluciones siente un precedente para otros criminales de la vieja guardia.
Sin embargo, las autoridades federales han sido enfáticas: no hay riesgo de fuga ni de liberación real. El sistema penitenciario tiene «candados» para estos casos, donde se revisa exhaustivamente si existen otras causas pendientes antes de abrir la puerta de salida. Para Daniel Arizmendi, la Navidad de 2025 será igual que las últimas 27: tras los muros de concreto de un penal de máxima seguridad, donde la absolución de hoy es solo un papel más en su voluminoso y trágico expediente.
Conclusión: Justicia técnica vs. Justicia social
La absolución parcial de Daniel Arizmendi es un ejemplo perfecto de la brecha que a veces existe entre la verdad legal y la verdad histórica. Legalmente, hoy ganó una batalla; socialmente, su condena es perpetua.
Mientras el sistema judicial cumple con su deber de garantizar el derecho, la sociedad mexicana respira tranquila sabiendo que, a pesar de los tecnicismos, uno de los capítulos más oscuros de la criminalidad nacional seguirá cerrado bajo llave.
