Por Redacción 25 de enero de 2026 | 18:40 h
La democracia en la Ciudad de México amaneció hoy con una nueva tarea pendiente, una que no se decide en las urnas electorales tradicionales, sino en la computadora de casa o en la ventanilla del distrito local. Desde las primeras horas de este 25 de enero, el Presupuesto Participativo ha abierto oficialmente sus puertas digitales y físicas, marcando el inicio de una carrera contra el tiempo de 30 días exactos para que la ciudadanía decida el destino de los recursos públicos de sus colonias para los próximos dos años.
No es un ejercicio menor. El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha dado el banderazo de salida para la consulta del Presupuesto Participativo correspondiente a los ejercicios fiscales 2026 y 2027. Esto significa que las decisiones, omisiones o aciertos que los vecinos cometan en este mes de registro tendrán un impacto doble en la calidad de vida de sus Unidades Territoriales. El ambiente que se respira en los comités vecinales es de urgencia: hay dinero sobre la mesa y, si no se organizan, esos recursos podrían terminar en proyectos que no necesariamente reflejen la voluntad de la mayoría.
El proceso, que se extenderá hasta el próximo 24 de febrero de 2026, se presenta bajo una modalidad híbrida que busca cerrar la brecha digital sin descuidar la modernidad. Por un lado, la Plataforma Digital de Participación Ciudadana ya está recibiendo las primeras propuestas; por el otro, las 33 Direcciones Distritales del IECM han abierto sus puertas para recibir a aquellos vecinos que prefieren el papel y el sello de recibido en mano. La crónica de este primer día nos muestra a una ciudadanía cada vez más informada, pero también temerosa de la burocracia que a veces envuelve a estos procesos.
La batalla contra el Artículo 117
Uno de los puntos más críticos en la narrativa de este año gira en torno a la viabilidad legal de las propuestas. El Presupuesto Participativo no es, y no debe ser, un sustituto de las obligaciones básicas de las alcaldías. El artículo 117 de la Ley de Participación Ciudadana es claro, pero su interpretación suele ser el campo de batalla donde mueren muchas ilusiones vecinales. La ley estipula que los proyectos deben orientarse al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la reconstrucción del tejido social.
Sin embargo, la línea es delgada. Históricamente, miles de proyectos son rechazados por ser considerados «tareas de mantenimiento» que la alcaldía debería hacer por oficio, como el bacheo profundo o la reparación de fugas mayores. La crónica de los años anteriores nos enseña que el éxito en el Presupuesto Participativo radica en la creatividad: en lugar de pedir «reparación de banquetas», los vecinos exitosos proponen «corredores de movilidad segura»; en lugar de pedir «lámparas», proponen «senderos seguros iluminados con perspectiva de género». El matiz en la redacción del proyecto es la diferencia entre un «aprobado» y un «inviable».
Un ejercicio de inclusión radical
Lo que distingue a la convocatoria de este ciclo 2026-2027 es su agresiva apuesta por la inclusión. El Presupuesto Participativo ha dejado de ser un club exclusivo de adultos con credencial de elector vigente en la mano. La convocatoria actual abre el espectro a grupos que tradicionalmente han sido invisibilizados en la toma de decisiones urbanas. Niñas, niños y adolescentes ahora tienen voz para proponer qué hacer con los parques donde juegan.
Asimismo, se ha puesto un énfasis especial en los residentes en el extranjero y, de manera muy significativa, en las personas en prisión preventiva. Esto último es un hito de derechos humanos: reconocer que, aunque estén privados de la libertad, siguen siendo parte del tejido social de sus barrios de origen. Esta apertura cambia la dinámica de las asambleas vecinales, obligando a los adultos a escuchar perspectivas frescas y necesidades que quizás habían pasado por alto desde su óptica cotidiana.
El filtro de la burocracia: El ODA
Una vez que el ciudadano logra registrar su idea y obtiene su folio —el comprobante dorado de esta etapa—, inicia una fase de espera tensa. Del 25 de enero al 25 de febrero, las Direcciones Distritales realizarán el cotejo documental. Si hay errores, habrá un brevísimo periodo para subsanar hasta el 26 de febrero. Pero el verdadero «monstruo final» de este videojuego democrático es el Órgano Dictaminador (ODA).
Cada alcaldía instalará su propio ODA, un cuerpo técnico encargado de revisar la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera de cada propuesta del Presupuesto Participativo. Aquí es donde la crónica se torna a veces frustrante. En ediciones pasadas, los vecinos han denunciado que los ODA suelen descartar proyectos incómodos o complejos bajo argumentos técnicos poco claros. Por ello, la recomendación de los expertos en activismo barrial es blindar los proyectos desde el inicio: revisar los costos en la Gaceta Oficial, fundamentar la viabilidad ambiental y, sobre todo, asegurarse de que el terreno o espacio a intervenir sea verdaderamente público y no propiedad privada o federal.
El dinero y la estrategia bianual
El hecho de que esta convocatoria abarque 2026 y 2027 añade una capa de estrategia financiera. Los vecinos deben pensar no solo en lo inmediato, sino en el mediano plazo. Consultar los montos asignados a cada Unidad Territorial en la Gaceta Oficial es el primer paso obligatorio. No tiene sentido soñar con un centro cultural de tres pisos si el monto asignado a la colonia apenas alcanza para equipamiento urbano básico. El realismo financiero es el mejor aliado del Presupuesto Participativo.
La importancia de este dinero es vital para la «reconstrucción del tejido social», una frase que se repite en los discursos oficiales pero que se vive en la calle. Un parque recuperado mediante el Presupuesto Participativo se convierte en un punto de reunión que aleja a la delincuencia; una casa de cultura equipada se vuelve el refugio de jóvenes en riesgo. No estamos hablando solo de cemento y varilla, sino de la salud emocional de la colonia.
La cuenta regresiva hacia el 9 de marzo
El calendario es implacable. Tras el cierre del registro el 24 de febrero y el proceso de dictaminación, el IECM publicará la lista definitiva de proyectos el 9 de marzo. Ese día se sabrá qué ideas sobrevivieron a la burocracia y cuáles quedarán en el archivo de las buenas intenciones. Para los promoventes, ver su folio en esa lista digital o en los estrados de las oficinas distritales es el primer triunfo.
Pero el trabajo apenas comienza hoy. La invitación es clara: no dejar el registro para el último día. La plataforma digital suele saturarse y las filas en las direcciones distritales pueden volverse kilométricas. La participación temprana permite corregir errores y asegurar que la propuesta entre en tiempo y forma.
En conclusión, el Presupuesto Participativo es la herramienta más poderosa que tiene el ciudadano de a pie para incidir directamente en su entorno. No requiere militar en un partido ni tener influencias políticas; solo requiere una idea, una conexión a internet (o una visita al distrito) y la voluntad de mejorar el metro cuadrado que habitamos. La moneda está en el aire y la chequera de la ciudad espera las instrucciones de sus verdaderos dueños: los vecinos.
El Presupuesto Participativo 2026 y 2027 no es solo un trámite; es la prueba de fuego de nuestra madurez cívica. ¿Dejaremos que otros decidan o tomaremos el destino de nuestras calles en nuestras manos? El registro está abierto.
