México lanzará en las siguientes semanas una serie de programas sociales para enfrentar con un nuevo enfoque la violencia que afecta a la fronteriza Ciudad Juárez, una de las localidades del país más afectadas por el narcotráfico, anunció el viernes el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Dijo en encuentro con la prensa extranjera que el gobierno busca lograr la “reconstrucción del tejido social” en Ciudad Juárez, donde aseguró que en los últimos años diversos sectores sociales llegaron a mantener relaciones de “cooperación lícita” con grupos del crimen organizado que ahora se han vuelto en contra de ellos mismos.
“La sociedad se dio cuenta de que había abierto las puertas a personas que hoy amenazan sus propios hogares”, dijo Gómez Mont. No dio detalles del plan social, y sólo comentó que “en las próximas semanas se estará dando una iniciativa de reconstrucción comunitaria en Juárez, tendiente a incrementar la variable social en el ejercicio de la seguridad”
En Ciudad Juárez, fronteriza con Texas, la violencia atribuida al crimen organizado ha dejado más de 2.000 asesinados en lo que va del 2009, lo que la ha vuelto una de las localidades con los índices de homicidios más altos del mundo. El gobierno ha desplegado miles de soldados y policías federales para contener la violencia. Gómez Mont dijo que se busca reforzar la parte social debido a los miles de jóvenes en áreas marginales, pandillas con “una vocación natural al narcomenudeo” y sectores que “llegaron a tener relaciones de negocios lícitas… actos de cooperación lícita con ellos que no se percibía como un acto indebido de colaboración con las organizaciones criminales”.
Afirmó que hoy la violencia en ciudad fronterizas mexicanas, como Juárez, tienen vinculación con fenómenos sociales que ocurren en las localidades de Estados Unidos con las que colindan. La violencia del narcotráfico y el crimen organizado ha dejado más de 13.500 muertos desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los carteles de las drogas.
Apenas la noche del jueves, cuatro oficinas y puestos de seguridad en el estado central de Guanajuato fueron atacados simultáneamente con granadas y disparos, en acciones que dejaron un herido y fue atribuida por las autoridades a un cartel del narcotráfico. Los sucesos motivaron el despliegue del ejército para labores de vigilancia y la cancelación de un desfile en conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, así como de las clases en todas las escuelas públicas y privadas de todos los niveles -incluyendo guarderías y universidades- en la ciudad de Celaya y pueblos circundantes, informó el procurador de justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa.
Los ataques fueron uno contra las oficinas de la Procuraduría General de la República, dos en instalaciones de la policía municipal y uno adicional a unidades de policía estatal. También hubo otros dos ataques solo con armas de fuego en lugares no detallados.
El procurador dijo que era “muy probable” que haya sido una represalia por el arresto de Cristóbal Altamirano Piñón, alias “La Rubia”, señalado como un importante miembro del cartel de La Familia. El hombre fue arrestado el miércoles bajo sospecha de cometer cuatro homicidios y dos secuestros.
La Familia Michoacana tiene la reputación de haber dominado el mercado de las metanfetaminas y usar sin contemplaciones la violencia contra otros que rivalizan por las rutas para traficar drogas y contra las autoridades a las que ha dirigido varios ataques.
