Se quemó la última carta de la compañÃa Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Por improcedente, la juez Guillermina Coutiño Mata negó de manera definitiva un amparo a los trabajadores de la compañÃa, quienes pedÃan no ser afectados por el decreto presidencial de extinción de la empresa.
â??Después de analizar los argumentos propuestos por la parte quejosa se llegó a la conclusión de que no son inconstitucionales, y por ello se negó el amparoâ?, dice la sentencia.
Aseguró que las declaraciones del Presidente de la República sobre el tema no limitan ni restringen los derechos de los más de 40 mil trabajadores que perdieron su empleo ayer hace dos meses.
â??(El decreto) no tiene como finalidad directa e inmediata privarles de su fuente de empleo, sino que se trata de un medio para evitar que siga funcionando una entidad pública que no cumple de manera eficiente con el objetivo de interés público y social para el que fue creadaâ?, aseguró la titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región.
Respecto de las secretarÃas de Gobernación, del Trabajo, Hacienda y de la Comisión Federal de Electricidad, la juez argumentó que no se demostró que estas autoridades despidieran a los afectados.
â??La propuesta formulada por el secretario de Hacienda, al Presidente de la República, de extinguir Luz y Fuerzaâ?¦ no afectan el interés jurÃdico de la parte quejosa (los empleados), ya que la emisión del decreto reclamado es un acto propio del Ejecutivo Federalâ?, aseguró la impartidora de justicia.
Además, recalcó que â??los empleados no tienen derecho a que un organismo descentralizado, cuya operación no beneficia a la población y perjudica las finanzas públicas siga subsistiendo, con el propósito de que conserven la fuente de su empleoâ?.
A principios de noviembre pasado, Coutiño Mata falló en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), pues otorgó una llamada suspensión provisional, con lo que se validó la relación entre los trabajadores y su sindicato.
Sin embargo, esta semana, la misma juez negó a los trabajadores que no tomaron su liquidación el derecho a la seguridad social