La PGR no sólo apoya la acción de inconstitucionalidad que restringe las facultades de órgano local de transparencia de Campeche, también ha iniciado una serie de juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para no cumplir diversas órdenes que le ha dado el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
Como parte de su estrategia para no dar a conocer información pública o retrasar su entrega, aunque no exista una reforma que lo autorice explícitamente, la PGR ha optado por impugnar las decisiones del IFAI.
Uno de los juicios que ha impulsado el procurador es el que promovió para no dar a conocer el expediente sobre las personas desaparecidas durante la llamada guerra sucia, relacionado con el caso Rosendo Radilla, y que el IFAI ordenó se le entregara a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
A la par, el titular de la PGR y la administración calderonista litigan ante la Corte para que declare infundados dos juicios que inició desde el año pasado en su contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por haber impulsado y avalado la aprobación de una reforma que prohibió el acceso a las averiguaciones previas de la PGR
