La isla Catalina, cercana a la costa de Los Angeles, se encuentra a su pesar en medio de un enredo internacional sobre inmigración ilegal y algunos culpan a sus congresistas por ponerla en esta situación.
El representante Dana Rohrabacher viajó en helicóptero este mes para enfrentarse a un funcionario mexicano que entregaba tarjetas de identificación que sus paisanos usan en Estados Unidos para abrir cuentas de banco y chequeras.
El congresista republicano dijo que esto sólo ayuda a que los inmigrantes ilegales se establezcan en Estados Unidos.
Muchos de los residentes de la isla consideran la visita de Rohrabacher como un acto proselitista que retrata a su comunidad como un paraíso para los inmigrantes ilegales.
Consideran que el representante los ha llevado innecesariamente a un duro debate sobre inmigración que podría afectar su economía dependiente delturismo.
“¿Hay ilegales en Catalina? Sí, hay ilegales en todas partes del país, no creo que seamos diferentes a otras comunidades””, dijo Wayne Griffin, presidente de la Cámara de Comercio y Oficina de Visitantes de la Isla de Catalina.
“No vengan a lucirse en nuestra isla y a volvernos parte del problema””, dijo.
Varios dueños de comercios dijeron que tras la visita del congresista recibieron correos electrónicos de parte de personas molestas con las tarjetas de identificación, que amenazan con llevar sus comercios a otra parte.
La controversia surgió cuando los negocios de la isla buscaban llamar la atención a una remodelación de 13 millones de dólares con atracciones que incluyen una tirolesa que transporta a los visitantes a 182 metros de altura sobre el nivel del mar.
Rohrabacher reconoció sus preocupaciones y dijo que la inmigración es una responsabilidad federal, no local.
Su visita ha sido el episodio más reciente de un debate muy largo sobre las identificaciones. México ha emitido más de 7.2 millones de tarjetas en Estados Unidos desde 2002 a través de una red de 50 consulados que incluyen los de Boise, Idaho; Juneau, Alaska, y Little Rock, Arkansas.
Las autoridades mexicanas sostienen que las identificaciones, con una vigencia de cinco años, son empleadas también por mexicanos que están en el país de forma legal.
“El principal objetivo es proporcionarle a nuestros ciudadanos una tarjeta de identificación para lo que sea que la necesiten, dijo Ricardo Alday, vocero de la embajada mexicana en Washington.
“Es mejor que todo mundo sepa quiénes son y dónde viven”, resumió
