La administración Obama considera un aumento sustancial del gasto en la guerra de México contra las drogas, la más reciente señal de su creciente preocupación por la violencia instigada por los cárteles en México.
Funcionarios del gobierno dijeron al diario Los Ángeles Times que continúa el debate interno sobre el tema, y aún no han alcanzado un acuerdo sobre la cantidad a solicitar. Pero estimaron que el asunto se considera urgente, incluso en un momento en la Casa Blanca lucha con las costosas guerras en Irak y Afganistán.
El esfuerzo conjunto contra las drogas con el gobierno mexicano “sigue siendo una alta prioridad para la administración”, dijo un funcionario de la Casa Blanca que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema. “Estamos en constante evaluación de nuestros esfuerzos para asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible sobre esta cuestión.”
El gobierno de Estados Unidos colabora con su contraparte mexicana en la lucha contra los bien financiados y armados cárteles de la droga, envueltos en un baño de sangre que incluyen decapitaciones, tiroteos y atentados con coches bomba.
La persistente violencia suscita dudas sobre el grado de control que el gobierno mexicano tiene en grandes franjas del país y la preocupación entre algunos funcionarios de la administración Obama y los gobernadores de estados fronterizos de que la violencia podría extenderse hacia los Estados Unidos.
La semana pasada, el Departamento de Estado anunció que retiraría a hijos del personal diplomático de Monterrey, la ciudad más industrializada de México. En marzo, hombres armados vinculados a traficantes de drogas dispararon contra una trabajadora del consulado que estaba embarazada y su esposo, matándolos, en Ciudad Juárez, pasando la frontera con El Paso.
En el último mes, 72 inmigrantes fueron encontrados asesinados en un rancho del norte de México, dos alcaldes fueron asesinados en el estado de Tamaulipas, y cuerpos decapitados fueron encontrados colgados de un puente en Cuernavaca.
Funcionarios de Estados Unidos discuten desde hace algún tiempo la forma en que se hará el seguimiento de la Iniciativa Mérida, que lleva tres años y ha recibido 1.6 mil millones de dólares, que fue lanzada en 2008 por el presidente Bush para proporcionar el equipamiento, formación y conocimiento de información a los mexicanos, centroamericanos y del Caribe en su lucha contra las bandas de narcotraficantes.
Funcionarios de la administración Obama temen que la estrategia de México, liderada por el Ejército, se haya visto menguada.
De ahí que el programa de Estados Unidos, la Iniciativa Mérida, se ajuste para enfatizar el apoyo en el sistema judicial y la lucha contra la pobreza.
Además, consideran que debe tenerse el mejor enfoque para afrontar ese nuevo diseño de la Iniciativa, lo que implica delicadas cuestiones políticas, como la manera de hacer frente a la corrupción que permea al gobierno mexicano.
“Estamos viendo qué más hay que hacer”, dijo Alonzo Peña, director adjunto del Departamento de Inmigración y Aduanas. “Pero ellos (México) tienen que abordar la cuestión de la corrupción”.
“Dar al gobierno mexicano 12 helicópteros Halcón Negro para luchar contra la capos de la droga no tiene ningún valor, dijo, si funcionarios corruptos avisan a los cárteles cuándo aterrizarán para hacer los operativos”. Dijo que los funcionarios de Estados Unidos cooperarán plenamente sólo con funcionarios con quienes puedan confiar.
Otro problema para las autoridades es tratar de mejorar el respeto por los derechos humanos de las áreas que combaten al crimen en México.
La administración Obama anunció el viernes que recomendaría al congreso liberar 36 millones de dólares que permanecen en espera de autorización, justificando un informe favorable sobre el progreso de México en materia de respeto a los derechos humanos.
Pero funcionarios del Departamento de Estado, dijeron que 26 millones del programa que están retenidos, permanecerán así debido a que quieren ver un progreso en “algunos aspectos del esfuerzo de México por los derechos humanos”. Sin embargo, no especificaron cuáles eran las deficiencias.
Las reglas para el gasto de los recursos de la Iniciativa disponen que el Congreso retenga 15% de los mismos hasta que la administración certifique que México está cumpliendo con los requisitos especificados en prácticas de derechos humanos.
El sábado, el Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, acordó con el zar antidrogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, fortalecer la Iniciativa Mérida como mecanismo de colaboración para atender el fenómeno del consumo de drogas y los problemas que ocasiona.
Por su parte, Kyle Spector, analista de la organización investigadora Third Way, con sede en Washington, elogió que el gobierno de Estados Unidos intensifique la cooperación con el gobierno mexicano, pero dijo que la administración Obama no ha llegado lo suficientemente lejos en la conformación de un sucesor para la Iniciativa Mérida.
“Gran parte del plan sigue siendo vago,” dijo.
