Ahora son empresarios los que piden claridad en caso de narcodiputado

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) demandó a la Cámara de Diputados llevar hasta sus últimas consecuencias el juicio de desafuero del diputado Julio César Godoy Toscano para que enfrente las acusaciones en su contra, se le juzgue y se le sancione, de ser culpable, o se le den disculpas y se le deje en paz.

â??Yo creo que cada quien debe de responder por sus actos, por sus acciones, yo creo que este tipo de cosas, lejos de asustarnos, deberían darnos gusto de que cada vez hay menos impunidad en nuestro país y las cosas salen a flote.

â??Me quedo con esa parte, que se llegue a la solución del caso, sea que lo dejen o pague las consecuencias de sus actosâ?, dijo Mario Sánchez Ruiz, presidente del organismo cúpula del sector privado.

El dirigente empresarial opinó que el legislador Julio César Godoy Toscano debería separarse del cargo o ser sujeto a un juicio de procedencia de desafuero para enfrentar las acusaciones en su contra.

â??Así lo tendría que dar la Cámara de Diputados y que después se ajuste a las leyes que tenemos en nuestro país. Y si hay los elementos, que lo juzguen, y si no, pues que ya lo dejen en paz, pero es algo que nosotros, como sociedad empresarial, lo único que queremos es que se aplique la ley en 100% de los casos.â?

Sánchez Ruiz consideró que este caso se tiene que resolver por el bien del diputado, de su familia, de la sociedad y de las autoridades.

â??Llegó a tal grado que se tiene qué resolver, o sea, no puede ser que hoy un caso a este nivel que se hizo público quedara así, yo creo que por el bien del diputado y de su familia, por el bien de la sociedad y de la credibilidad de las autoridades se tiene qué llegar hasta sus últimas consecuencias, entonces se tendrá que decir que es culpable y se le da su castigo, o es inocente, y tendrán que disculparse, no se puede permitir que esto quede en el aire.â?

El presidente del CCE también consideró necesario construir un mecanismo para evitar que los políticos interesados en candidaturas para ocupar puestos de representación popular no reciban dinero de procedencia ilícita, como podría ser el proveniente del narcotráfico