El Senado de la República suspendió la sesión de este día por falta de quórum cuando discutían en lo particular diversos Artículos de la Ley Federal de Competencia Económica.
Si bien la Cámara aprobó en lo general las reformas que convierten a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) en un organismo descentralizado, al votarse en lo particular la inasistencia de los senadores panistas provocó que la asamblea se terminara.
Sin embargo, las reformas aprobadas en lo general establecen penas de hasta 200 mil veces el salario mínimo, poco más de 11 millones de pesos a quienes participen directamente en prácticas monopólicas o prohibidas.
En la sesión los senadores del PAN, Juan Bueno Torio, Santiago Creel y Rubén Camarillo advirtieron que la Cofeco no tiene facultad para realizar actos de autoridad por lo que las reformas son inconstitucional y generará incertidumbre política.
Por ello, y como una manera de tratar de retrasar la aprobación del dictamen los legisladores del PAN reservaron para su aprobación en lo particular diversos artículos de la ley.
Así, los integrantes del PAN reservaron más de 20 artículos para su discusión en lo particular, y cuando el pleno había rechazado tres de ellos al votarse una reserva más se detectó que no había el quórum suficiente.
Los integrantes de la bancada del PAN acordaron retirarse de la sesión para no votar mientras que otros se quedaron en el recinto sin sufragar por lo que al momento de contar los votos se detectó que no había el quórum necesario.
Por ello, el presiente en turno del Senado, Arturo Núñez citó a sesión el próximo jueves y ese día continuará la discusión en lo particular de diversos artículos reservados de la también denominada Ley Antimonopolios.
Sin embargo, las reformas aprobadas en los general eliminan las medidas cautelares y precisan que las medidas de verificación serán realizadas por servidores públicos y que las multas se impondrán a personas físicas y morales.
Actualmente la Cofeco es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Economía y sus comisionados son designados directamente por el Ejecutivo sin que los nombramientos pasen por el Congreso.
