El hallazgo de tres cadáveres desmembrados y las denuncias de secuestros y desapariciones ocurridos justo después de que un grupo de policías comunitarios tomaran una ciudad, ha hecho crecer la confusión y el miedo en un pueblo del sureño estado de Guerrero.
Los cuerpos localizados en un cementerio cercano a la localidad de Chilapa y que todavía no han sido identificados no son algo nuevo en el lugar, donde en noviembre fueron hallados 11 cadáveres decapitados y amontonados a la vera de una carretera.
Desde entonces no han parado de aparecer cuerpos desmembrados, quemados o sin cabeza.
La situación se tensó después de que entre el 9 y el 14 de mayo más de 250 policías comunitarios tomaron la ciudad y muchos de sus habitantes comenzaron a denunciar secuestros y desapariciones.
Chilapa es una localidad de Guerrero donde la violencia se ha incrementado en los últimos meses por la rivalidad de dos grupos, Los Rojos y Los Ardillos, que se disputan la zona.
Alegando que iban a terminar con la violencia y que algunos funcionarios de seguridad trabajaban para Los Rojos, los policías comunitarios -que algunos habitantes vinculan con el crimen organizado- tomaron el municipio, desarmaron a los agentes municipales y forzaron la renuncia del jefe de la policía local.
Posteriormente los comunitarios devolvieron las armas a los municipales, se nombró un nuevo jefe y policía estatal y federal fue enviada a la zona para asumir las labores de seguridad.
Pero cuando los comunitarios se fueron, pobladores de Chilapa comenzaron a acusarlos de haber secuestrado a familiares suyos con el argumento de que trabajaban para Los Ardillos.
En un principio se habló de 16 desaparecidos, pero el jefe de la policía federal Enrique Galindo, que acudió el miércoles a la localidad para reunirse con las familias que aseguran no poder localizar a alguno de sus miembros, dijo luego que 10 casos se produjeron entre las fechas en las que estuvieron presentes los policías comunitarios y que otros seis son anteriores.
Autoridades federales llegaron esta semana a buscar a los desaparecidos. Un funcionario federal no autorizado a hablar con la prensa dijo que el gobierno decidió actuar con “prudencia” y “privilegiar el diálogo” con los policías comunitarios “para evitar un derramamiento de sangre”.
De forma paralela, mientras los pobladores de esta ciudad de 35.000 habitantes denunciaban casos de violencia, las autoridades de Guerrero mantuvieron encuentros con los líderes de la policía comunitaria, informó el gobierno estatal.
En un canal de televisión el procurador de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, no quiso hablar de desaparecidos sino de 15 personas “retenidas por los comunitarios” pero dijo desconocer dónde se encuentran y aseguró que son los líderes comunitarios los que “tienen que determinar dónde están” y “hacerse responsables” de su destino.
Varios municipios de Guerrero cuentan con policía comunitaria, una fuerza de seguridad elegida normalmente en asamblea que sólo puede operar en los límites del municipio. Sus integrantes poseen armas de bajo calibre y suelen ser muy respetados por los pobladores, características que parecen no aplicarse en el caso de Chilapa.
Guerrero es el estado donde en septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes. El enorme despliegue de fuerzas militares y federales que provocó ese caso no ha podido evitar que la violencia continúe.