Desde hace 18 años la sociedad mexicana convive con una Institución que a lo largo del tiempo ha sufrido transformaciones en su integración y desempeño, la cual tiene como constante ser una autoridad que busca garantizar certeza e imparcialidad en la organización de las elecciones, y que paulatinamente y por mandato de ley se le ha otorgado autonomía, con independencia en sus decisiones y funcionamiento.
Resulta importante mencionar el papel que el Instituto ha jugado para erigirse en una institución que dio cabida a la participación de los partidos políticos en la democracia, y que garantiza independencia de decisión frente a los órganos de gobierno.
Junto con la ciudadanización, la autonomía de la que goza el Instituto Federal Electoral ha contribuido a configurar a través del tiempo una autoridad administrativa de vanguardia, que además de profesionalizar la tarea electoral se ha erigido como un actor fundamental que ayuda a la gobernabilidad democrática del país, y que sienta las bases para avanzar hacia un régimen de partidos políticos verdaderamente competitivos.
Además de constituir un principio básico dentro de la organización de un Estado democrático de derecho, la autonomía se convirtió para el IFE en una norma de actuación frente al poder público y en una condición básica para la promoción del acuerdo democrático.
Aunque para algunos la autonomía del IFE se ha visto vulnerada o distorsionada por la supuesta intervención de los partidos políticos, la gestión autónoma del Instituto encuentra su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que para realizar la función de organizar elecciones tiene como principios rectores la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad, encaminados a dar seguridad plena a quienes participan en los procesos electorales.
Es evidente que la autonomía por sí sola no es infalible sólo por encontrarse en letra escrita. La ciudadanización y la profesionalización de la función electoral han sido ingredientes igualmente determinantes para la conformación de un Instituto confiable e imparcial.
Frente a las opiniones que advierten una ciudadanización ubicada exclusivamente en el seno del Consejo General del IFE, conviene señalar que la misma interviene también en el trabajo que desarrollan los consejeros electorales de los Consejos Locales y Distritales, que funcionan y se desempeñan durante un proceso electoral; lo mismo sucede con las tareas que llevan a cabo los ciudadanos que resultan sorteados para fungir como funcionarios de mesas directivas de casilla.
De esta manera, la ciudadanización no implica necesariamente desarrollar una tarea políticamente pura y reservada a ciertos grupos que por sus actividades profesionales participan en un servicio de carácter público, sino que éste es un proceso que involucra a personas que no guardan una relación de dependencia con los partidos políticos. Así es como el sistema electoral mexicano descansa en la imparcialidad de aquellas personas que prestan tiempo y esfuerzo a la causa democrática.
Por lo anterior, es posible vislumbrar que la colegialidad es una consecuencia natural de la necesidad que tienen los ciudadanos involucrados en asuntos públicos, por encontrar soluciones comunes a los desafíos que se afrontan. Bajo ese principio de deliberación democrática, los órganos electorales han encontrado consonancia y fortaleza.
Es preciso subrayar que el actuar del Consejo General es responsabilidad colectiva. Sus decisiones son producto de un trabajo de constante diálogo y reflexión, y aunque las decisiones de sus miembros no siempre han sido coincidentes, éstas son resultado de la pluralidad que conforma a sus integrantes.
Dichas decisiones tienen una trascendencia fundamental en la vida democrática del país, pues coadyuvan al fortalecimiento del sistema electoral al transformar la vida de los partidos, ya que sus decisiones conllevan un efecto directo en la competencia electoral, lo que ha ayudado a fortalecer el equilibrio entre los contendientes. Asimismo, el Consejo General tiene la atribución de aprobar y expedir reglamentos interiores para el ejercicio de sus funciones. Todo ello al final contribuye a que el ciudadano pueda emitir su voto en un marco de mayor confiabilidad.
El IFE, como una institución fuerte en convicciones, tiene como reto preponderante cumplir el mandato constitucional que se le ha conferido, constriñéndose a la legalidad sobre cualquier deseo personal o de grupo. Por ello, es responsabilidad del Consejo General del IFE escuchar todas las voces, las cuales se encuentran con una institución blindada por la conciencia democrática de sus integrantes
