La dramática noche de Halloween de 2012 en Madrid, en la que fallecieron cinco chicas de entre 17 y 20 años en una estampida dentro de una fiesta abarrotada en la Madrid Arena, es desde este martes objeto de un juicio con 15 acusados.
Tres jóvenes murieron aplastadas en medio del pánico alrededor de las 4 de la madrugada del 1 de noviembre de 2012, en el interior del recinto municipal Madrid Arena, donde se celebraba la fiesta. Otras dos asistentes, también víctimas de la “avalancha humana” según la acusación, fallecieron en el hospital.
El propietario y máximo responsable de la sociedad privada organizadora del evento, Miguel Ángel Flores, es el principal acusado de este juicio que se prolongará hasta mayo. Está acusado de “homicidios por imprudencia grave” por un “desmedido afán de beneficios económicos, sacrificando la seguridad”.
Según la acusación, la tragedia se produjo porque se vendieron cerca de 23.000 entradas, más del doble del aforo autorizado (10.620), para el espectáculo del popular DJ estadounidense Steve Aoki.
La pista de baile estaba tan saturada que “impedía (a los asistentes) desplazarse”, incluso “algunos de los jóvenes no podían ni respirar”, provocando “una situación de angustia (…) agravada por el estado de embriaguez más o menos avanzado de muchos de los asistentes”.
En el interior, las vías de evacuación estaban obstruidas por diferentes motivos. Y en el exterior, la policía municipal mostró, según la justicia, “una pasividad totalmente inadecuada” dado que permitió un “macrobotellón prohibido”, es decir, que los jóvenes se emborracharan en plena calle con bebidas traídas desde casa.
“La colusión de estos elementos, aglomeración interior y ‘botellón’ exterior, fue determinante en la tragedia”, señala el juez de instrucción.
Los responsables de Madrid Espacios y Congresos, entidad 100% municipal y propietaria del recinto, también están acusados por haber permitido que la fiesta continuara hasta las 06h00 después de la tragedia.
El escándalo tuvo repercusiones políticas para el Ayuntamiento de Madrid, gobernado entonces por el Partido Popular. En enero de 2013, el número dos de la entonces alcaldesa, Ana Botella, anunció su dimisión por la tragedia.
Entre los acusados también figuran el exinspector jefe de la policía municipal y los dos responsables de las asistencias médicas de la fiesta, un médico de 77 años y su hijo de 48, “bloqueados” en el momento de realizar los primeros auxilios e intentos de reanimación.