American Tirad Position, clasificado como un grupo de odio contra los migrantes, difundió en su pagina web el dinero donado al fondo para la defensa de la SB1070
Organizaciones racistas, clasificadas como grupos de odio, afirman haber aportado recursos económicos al fondo establecido por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, para la defensa legal de la ley antiinmigrante SB1070.
El fondo, creado por una orden ejecutiva de Brewer el pasado 17 de junio, ha recibido ya más de 1.3 millones de dólares en donaciones provenientes de todo el país.
Algunas de las donaciones habrían sido otorgadas por organizaciones clasificadas como grupos de odio, según han dado a conocer algunas de estas organizaciones.
American Third Position, una organización racista con sede en California, anunció en su sitio de internet una donación de “tres dígitos” al fondo para la defensa de la SB1070.
El grupo, que proclama “representar los intereses políticos de los estadounidenses blancos”, justificó su aportación al afirmar: “apoyamos todas las iniciativas constructivas de ciudadanos privados, negocios y gobiernos locales, para detener y revertir el mestizaje de Estados Unidos”.
El Centro Legal sobre la Pobreza del Suroeste (SPLC), con sede en Alabama, dedicado al monitoreo de los grupos de odio en el país, clasifica al American Third Position como un grupo de odio generalizado.
“Estos grupos promueven una variedad de doctrinas y creencias de odio, y no una sola”, explicó el SPLC.
El vocero de la gobernadora Brewer, Paul Senseman, dijo esta semana que se devolverá todo el dinero que sea donado por organizaciones de este tipo que sean identificadas.
“No tenemos ninguna intención de aceptar ninguna donación de organizaciones racistas”, aseguró Senseman.
Organizaciones de defensa de los derechos civiles indicaron que será una tarea muy difícil para la Oficina de la gobernadora identificar a tales grupos.
“No entiendo cómo la gobernadora va a saber quién es nazi y quién no lo es”, explicó Heidie Beirich, directora de investigación del SPLC.
Las donaciones al fondo para la defensa legal de la SB 1070 se han disparado desde que el gobierno federal interpuso el pasado 6 de julio una demanda para tratar de frenar la ley.
