Deuda de los estados mexicanos
Con esta anticipación, el sobreendeudamiento en estos estados pretende evadir la nueva disposición que obliga a las autoridades federales, estatales y municipales a difundir la información financiera de sus respectivas administraciones, así como de los fondos de aportaciones federales.
La autoridad competente en este caso sería la Contraloría Federal encargada de supervisar que los recursos se apliquen debidamente y se termine con la opacidad.
La deuda de los estados y municipios suma más de 400 mil millones de pesos, según cálculos de legisladores, basados en datos de la Secretaría de Hacienda federal, lo que equivale al 11 por ciento del presupuesto de egresos de este año, que es de 3.7 billones de pesos.
Sin embargo, organizaciones civiles estiman la posibilidad de que la deuda sea más grande de la que oficialmente se reconoce debido a la falta de transparencia en el manejo de los préstamos, solicitados en su mayoría a la banca privada.
Además, se han comprobado casos como el ocultamiento de deuda en el que han incurrido autoridades estatales, como es el caso de Colima, en el que los temores de los alcaldes se hicieron realidad y descubrieron un adeudo oculto, como en su momento se hizo con Coahuila.
Partidas secretas
Nadie sabe con certeza en qué se usan los empréstitos solicitados por gobiernos estatales y municipales porque éstos no han querido sujetarse a la Ley de Transparencia. Hay una resistencia sistemática de los funcionarios a rendir cuentas del manejo y destino final de los recursos públicos.
El ejemplo más claro es el ocurrido en el estado de Coahuila donde de plano se emplearon documentos apócrifos para contratar deuda pública con entidades financieras, hechos por los cuales se iniciaron averiguaciones públicas y se liberaron diversas órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, entre los cuales figura el propio ex gobernador Humberto Moreira.
La responsabilidad de este enorme boquete financiero se trasladará a partir del próximo 1 de diciembre al nuevo presidente Enrique Peña Nieto, en cuyo equipo cercano se ha manejado la posibilidad de crear un Fobaproa para rescatar a los estados lo que implicaría además castigos ejemplares contra los responsables, independientemente del partido político al que pertenezcan,
Las evidencias hasta ahora registradas indican que en los estados endeudados abundan las irregularidades en los procesos de solicitudes del crédito. Y como principales responsables, figuran los propios mandatarios (ya sean gobernadores o presidentes municipales) y sus secretarios de Hacienda.
Tampoco está exenta de culpa la Secretaría de Hacienda federal, la cual carece de eficiente control sobre este tipo de irregularidades para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos que pueden tener un destino comprometedor del desarrollo de las poblaciones durante las próximas generaciones.
Tampoco es descabellada la versión de que gran parte de la deuda que enfrentan los estados de la república sirvió para financiar campañas políticas, como lo ha venido señalando la organización Claridad y Transparencia Ciudadana, surgida a partir de la escandalosa deuda de más de 35 mil millones de pesos del gobierno de Coahuila, a cargo del ex gobernador Humberto Moreira.
Pidieron y les dieron.
Seis gobernadores pidieron a sus respectivos congresos locales que les permitiera contratar deuda pública y ésta se aprobó.
Una de las entidades a las que sí les fue aprobado un crédito fue Quintana Roo, en donde el Congreso estatal avaló por mayoría de votos la solicitud del gobierno de Roberto Borge para abrir un crédito con Banobras por más de 302 millones de pesos, a pagar en 20 años.
Dichos recursos son para infraestructura educativa, al mejoramiento de las cárceles de Cancún y Chetumal, y la construcción de un nuevo rastro en la capital.
Este nuevo empréstito se da a menos de un año de que el gobierno de Quintana Roo haya reestructurado su deuda, la cual cifras oficiales la ubican en más de 13 mil 600 millones de pesos, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda federal, aunque Claridad Ciudadana reporta una deuda oculta superior a los 25 mil millones de pesos.
El estado es uno de los más endeudados del país con más de 13 mil 600 millones de pesos, es decir un aumento del 337 por ciento respecto del 2011, lo que consideraron como grave los legisladores de oposición, toda vez que Roberto Borge asume su responsabilidad como mandatario con una deuda de 11 mil millones de pesos y se prevé que ésta pueda incrementar a 16 mil millones de pesos. Actualmente la deuda estatal representa el 62 por ciento del presupuesto anual de la entidad, informaron los miembros del Congreso estatal.
Además, los diputados también aprobaron que el Ayuntamiento de Cozumel contrate uno o varios financiamientos hasta por 130 millones de pesos, con un plazo de hasta 20 años, que serán utilizados para refinanciar su deuda a corto plazo.
En Quintana Roo, con destinos turísticos de nivel mundial como Cancún o Playa del Carmen, se disputarán 25 diputaciones locales y las presidencias de los 10 ayuntamientos que conforman esta entidad.
En el caso de Chihuahua –donde se disputarán 33 diputaciones locales y 67 ayuntamientos–, una hora después de que Fitch Ratings México bajara la calificación de la deuda de ese estado y anticipara que nuevos pasivos degradarían su economía aún más, el Congreso local aprobó en septiembre pasado la solicitud del gobierno del priísta César Duarte Jáquez para contraer un nuevo crédito por mil 775 millones de pesos.
Con el dinero conseguido se pretende construir el edificio que albergará al Poder Judicial estatal y nuevas inversiones como en obras y mantenimiento de centros de salud a lo largo del estado, en obras y servicios públicos en municipios de alta marginación, inversión en el C3 (para la evaluación de los cuerpos policíacos) y en el Cereso Productivo de Juárez.
El gobernador señaló que la deuda de Chihuahua es perfectamente manejable y no excede el equivalente al 4 por ciento del PIB estatal. Unos días antes, el diputado plurinominal del PAN Héctor Ortiz Orpinel alertó que los pasivos llegan a más de 22 mil millones de pesos.
En Sinaloa, el gobernador Mario López Valdez, “Malova”, anunció una nueva deuda por 470 millones de pesos, los cuales serán destinados para un programa denominado Cupón Cero y para mantenimiento de carreteras.
En esta entidad se elegirán a 40 diputados locales y a presidentes municipales de los 18 ayuntamientos que conforman a Sinaloa.
En Puebla, donde en 2003 se habrá de elegir a los 41 diputados locales y los 217 presientes municipales, el Congreso estatal aprobó por unanimidad una línea de crédito de 7 mil 250 millones de pesos solicitada por el gobernador Rafael Moreno Valle.
Hasta entonces, la deuda que arrastraba ese estado era de 13 mil millones de pesos. Para justificarse, el panista aseguró que no endeudará al estado más de lo que hizo su antecesor, el priísta Mario Marín.
Otro caso es Aguascalientes, donde se elegirán a 27 diputados locales y a 11 ediles. En mayo pasado el gobierno solicitó al Congreso local una contratación de deuda con Banobras por 255 millones, la cual quedaría dentro del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad de los Estados (Profise).
Bajo este esquema, la entidad se obliga a cubrir durante los próximos 20 años el interés que genere ese crédito. Además de que se dejó abierta la posibilidad de una petición más de contratar adicionalmente deuda por 800 millones, sea con el mismo Banobras o con alguna institución privada.
Por si esto fuera poco, el gobierno encabezado por el priísta Carlos Lozano de la Torre buscó un empréstito para poder cumplir con la instalación de la segunda Planta Nissan en el estado, para lo cual se calcula una inversión de mil 700 millones de pesos cuyo costo que acumulará al ya de por sí deteriorado bolsillo popular.
En Hidalgo, el Congreso del estado autorizó un crédito de mil 57 millones de pesos que fueron empleados para la reconstrucción de infraestructura dañada por el paso del huracán “Arlene” a finales de junio de 2011.
También los municipios
En sólo dos estados con actividad electoral local no fueron los mandatarios quienes solicitaron préstamos, sino los presidentes municipales.
En Veracruz, donde se escogerá a 50 diputados locales y ediles de 212 ayuntamientos, el gobernador tricolor, Javier Duarte de Ochoa, negó que su gobierno haya efectuado la solicitud de un nuevo crédito y recordó que son 30 mil millones de pesos el pasivo que arrastra la entidad, la cual ya se reestructuró por medio de una busatilización.
Sin embargo, 12 de los 212 municipios –equivalentes al 10 por ciento de los ayuntamientos– ya han solicitado al Congreso del Estado autorización para contratar créditos o recibir anticipo de participaciones federales, muchos argumentando que era para saldar los pagos de aguinaldos y salarios.
El diputado local Óscar Agustín Lara declaró que “ya no se puede endeudarles más para gasto corriente, porque si no pueden enfrentar éstos se debe únicamente a su falta de previsión”. Además, advirtió que la contratación de deuda sólo debería autorizárseles en caso de la realización de obra pública.
En Tlaxcala, este año 21 de los 60 municipios contrajeron deuda pública por 81 millones 425 mil 587 pesos para realizar acciones de urbanización y construcción de infraestructura básica de salud y educativa. Estos recursos deberán ser liquidados un mes antes de que concluya la presente administración municipal, pues los créditos no deben ser heredados.
En ese estado, donde se buscará elegir a 32 diputados locales y a los 60 presidentes municipales, un municipio se puede endeudar financieramente hasta un 15 por ciento y a nivel estatal hasta un 20 por ciento.
Los que no pidieron. De los 13 estados que tendrán elecciones locales el siguiente año, solamente cuatro no solicitaron créditos: Oaxaca, Zacatecas, Baja California y Durango.
El caso de Tamaulipas
Deuda de los estados mexicanos
En Coahuila –uno de los estados más endeudados y donde se elegirán a 38 ediles–, el gobernador priísta Rubén Moreira solicitó un crédito de 950 millones de pesos para amortiguar la deuda de más de 35 mil millones que le heredó su hermano Humberto Moreira.
Ante lo escandaloso de esta deuda y lo delicado de la nueva contratación, la Cámara de Senadores exhortó al mandatario que antes de solicitar un crédito, mejor debería transparentar toda la información referente a la deuda actual de la entidad.
NOTA COMPLEMENTARIA
Puntos que estipula la Ley General de Contabilidad Gubernamental
* Que los niveles federal, estatal y municipal difundan la información financiera de sus administraciones
* Dar a conocer sobre la utilización de los fondos de aportaciones federales en rubros como la educación, seguridad pública, salud, etc.
*Se prevén penas de entre dos y siete años de prisión para los servidores públicos de los tres órganos de gobierno queomitan, alteren u oculten dolosamente esa información y provoquen algún daño patrimonial al erario.
* Se plantea es brindar asesoría técnica y apoyos financieros a las autoridades de las poblaciones con menos de 25 mil habitantes, a fin de auxiliarlos en el cumplimiento de sus nuevas obligaciones.
* El Consejo Nacional de Armonización Contable expedirá a más tardar el último día hábil de 2013 las normas y formatos para el cumplimiento de la ley, para que las entidades públicas presenten progresivamente su información financiera a más tardar en 2014.
APUNTE
A pesar de lo que diga el presidente Felipe Calderón, el nivel federal tampoco es un ejemplo de buen manejo de la deuda, pues éste ha incrementado sus pasivos en este sexenio hasta 36.9 por ciento del PIB.
Fobaproa para la deuda estatal
El legislador perredista Raúl Morón pidió al pleno del Senado que solicite al gobierno federal absorber el total de la deuda pública de todos los estados, además de que exigió castigo a todos los gobernadores y funcionarios estatales y municipales que se enriquecieron con estas deudas.
Desde la tribuna del Senado, el perredista argumentó que la Federación debe absorber estas deudas, que agobian las finanzas estatales y municipales, porque fueron adquiridas ante la escasez de recursos federales y el retraso con el cual fueron entregados, principalmente en este sexenio.
Según expertos en temas económicos, esta propuesta es injusta, porque se generaliza la deuda y, entidades que no tienen altos niveles de pasivos, terminarán pagando parte de aquellos que sí adquirieron los préstamos.
Por Enrique Huerta / Luces del Siglo
