La mezquita Id Kah de Kashgar, ciudad oasis del extremo oeste de China, recibe a los fieles desde hace 500 años, excepto esta semana: permanece cerrada desde los disturbios en Urumqi, la capital provincial de Xinjiang, que dejaron al menos 156 muertos.
Id Kah no es un caso aislado, ni en Kashgar ni tampoco en Urumqi.
Y nadie sabe cuánto durará esta suspensión de facto de las actividades religiosas.
“No lo sabemos. No podemos hablar de eso”, dice de manera lacónica un uigur al periodista extranjero que pregunta por la oración tradicional del viernes.
La gente sigue optando por la prudencia, luego de las violencias que ensangrentaron Urumqi el domingo, en las que se enfrentaron los uigures, musulmanes turcohablantes y principal minoría de la región, y los hanes, etnia mayoritaria en China.
Unas escenas de violencia fomentadas desde el extranjero por separatistas uigures en el exilio, asegura Pekín.
Por su lado, los uigures afirman que las cosas degeneraron luego de la represión brutal de una manifestación pacífica, un nuevo ejemplo, según ellos, de la represión general de la que son víctimas, en particular en el plano religioso, de parte de las autoridades comunistas y laicas chinas.
Los uigures señalan las dificultades que tienen para cumplir con los ritos musulmanes como el haj (peregrinación a La Meca, lugar santo del islam), para pronunciar sermones religiosos libres, o incluso para poseer un ejemplar del Corán.
“Nos oprimen porque saben precisamente que no pueden controlarnos a nosotros, los musulmanes”, dice un empresario uigur de unos 30 años que vive en Urumqi, y que prefiere conservar el anonimato.
“Saben que no tenemos miedo a morir”, añade.
El haj es una etapa obligatoria en la vida de un musulmán si tiene las posibilidades pecuniarias para hacerlo, sea cual sea su nacionalidad.
Pero China se niega regularmente a entregar pasaportes a los uigures, quizás, explica el empresario uigur, por miedo a que entren en contacto en el extranjero con grupos extremistas.
Según los testimonios de uigures, los que logran obtener su pasaporte deben dejar depósitos de 4.000 dólares a la policía, una suma inalcanzable en una región en que el salario anual medio de una persona que vive en la ciudad es de menos de 1.500 dólares, y de 470 dólares para las que viven en el campo.
Además, los musulmanes sólo pueden tener una edición del Corán que sea aprobada por las autoridades chinas, so pena de ser considerado un objeto de contrabando, explica el empresario.
Y los sermones, afirma, deben corresponder a lo pautado por las autoridades si el imán, encargado de presidir la oración, no quiere correr el riesgo de que le prohíban predicar.
Entonces “siempre se escuchan las mismas cosas durante los sermones”, señala otro uigur. “Yo no le presto atención al sermón. Mi fe viene de aquí”, dice, señalando su corazón.
Los uigures recalcan además que las mezquitas están prohibidas a los menores de 18 años y que a veces la policía hace controles para verificar que se aplique esa regla.
Las autoridades chinas aseguran que todos los ciudadanos del país gozan de la libertad de religión.
El martes, la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) expresó su “profunda preocupación” ante los disturbios en Xinjiang, deploró “el uso disproporcionado de la fuerza” e instó a Pekín a llevar a cabo una investigación “honesta sobre los graves incidentes”