Los aspirantes del PRI a una diputación federal por mayoría relativa están obligados a transparentar el origen y destino de los recursos que ejerzan en sus precampañas pues de lo contrario perderán la postulación y, por ende, su derecho a ser registrados legalmente como abanderados.
Según el Manual de Organización de la contienda interna en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), los 377 precandidatos del instituto político a dicho cargo de representación popular absorberán todos los gastos de sus precampañas en el proceso interno.
Precisa que los aspirantes deberán entregar en los plazos establecidos el informe de ingresos y gastos de sus actividades proselitistas a la Secretaría de Finanzas del PRI, los que se remitirán a Unidad de Fiscalización del IFE.
En el documento señala que quien incumpla con ese trámite y hubiese obtenido la postulación a la candidatura no podrá ser registrado legalmente como abanderado del partido.
De igual forma, quienes rebasen los topes de precampaña que estableció el Instituto Federal Electoral (IFE) serán sancionados con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura.
Bajo ninguna circunstancia los precandidatos podrán recibir aportaciones en dinero o especie de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los estados, así como de ayuntamientos, empresas mercantiles y asociaciones religiosas.
El tricolor sólo apoyará a los aspirantes con los inmuebles e instalaciones del partido para la celebración de reuniones públicas en las que efectúen actividades de precampaña.
De acuerdo con el manual, los actos de precampaña electoral consisten en reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en los que el precandidato en el proceso interno se dirige a los militantes para motivar su participación en la Convención de Delegados y obtener su respaldo para ser postulado como candidato
