Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) decide apelar la decisión de un juez federal en Colorado Estados Unidos que le obliga a pagar más de 36 millones de dólares resultado de un laudo arbitral dictado por el Tribunal de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).
Esta decisión que ha tomado Cementos de Chihuahua le ha llevado a que la deuda de 36 millones de dólares por concepto del arbitraje a favor de su ex socia boliviana Compañía de Inversiones Mercantiles (Cimsa), pase ya a más de 40 millones de dólares sumando gastos jurídicos e intereses por el tiempo transcurrido.
Además, GCC puede ser embargada en sus plantas en los Estados Unidos por concepto de garantía de pago ante la deuda que ya tiene; sus plantas se encuentran en Tijeras Nuevo México, Rapid City en Dakota del Sur, Pueblo en Colorado, Odessa en el estado de Texas y su planta en Three Forks en Montana; poniendo en riesgo el trabajo de cientos de familias en cualquiera de estas localidades.
El titular de la dirección general de Cementos de Chihuahua Héctor Enrique Escalante Ochoa ha tenido que enfrentar diversas adversidades en los últimos meses como la caída del 65% de las utilidades en el primer trimestre del año, variaciones del precio de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores por diversas cuestiones.
La controversia que se dirime en juzgados de la nación americana se debe a que en 2005 Cementos de Chihuahua y Compañía de Inversiones Mercantiles (CIMSA) firmaron un acuerdo de sociedad en Bolivia que dio pie a la creación de Sociedad Boliviana de Cemento, S.A. (Soboce).
En dicho convenio se estipulaba que en caso de que alguno de los socios se retirara, debía vender su parte accionaria al socio restante en primer lugar, cosa que la cementera mexicana no hizo. Una segunda cláusula que contenía el convenio era que cualquier problema que se suscitará, sería solucionado a través de un arbitraje.
En 2010 Grupo Cementos de Chihuahua informa a CIMSA su salida de Soboce, sin dar tiempo a que Cimsa pudiera recapitalizarse y comprar la participación accionaria de GCC, situación que no se dio y por ello ambas partes buscaron un arbitraje para solucionar esta situación.
En 2015 el Tribunal de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) que radica en Nueva York, emitió el fallo a favor de CIMSA, pero que Cementos de Chihuahua no reconoce apelando a que hay cuestiones que no fueron tomadas en cuenta como un proceso legal que se tiene en Bolivia.
Una segunda instancia en una corte federal de Colorado, ratificó la sentencia de la CIAC, pudiéndose ya calcular el daño a Cimsa en 36 millones de dólares, más gastos jurídicos e intereses que dan una cifra superior a los 46 millones de dólares.
Cementos de Chihuahua ha informado que apela la decisión de la corte del juez John L. Kane en Colorado, alargando el fin de este proceso que ya fue juzgado en dos instancias.
