El Congreso boliviano autorizó este sábado un juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, refugiado en EEUU, y varios de sus exministros, entre ellos el dirigente opositor Samuel Doria Medina, por delitos económicos.
“Sánchez de Lozada será juzgado por la presunta comisión de los delitos: contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes”, informó la presidencia del Congreso en un comunicado enviado a la AFP.
Precisó que la acusación principal contra el exmandatario, quien también es enjuiciado en Bolivia desde 2006 por violación de los derechos humanos, es por la privatización de la empresa estatal de ferrocarriles ENFE, a mediados de la década de los 90, y por el uso de un crédito de EEUU.
El exgobernante, de cuño liberal, se encuentra en Estados Unidos, a donde huyó en 2003, luego de que una revuelta popular que dejó más de 60 muertos lo depusiera del cargo, para protestar contra su intención de exportar gas natural a Estados Unidos a través de puertos chilenos en el Pacífico como puntos de embarque.
El Gobierno del presidente izquierdista Evo Morales mantiene un trámite de extradición ante el Departamento de Estado, aún sin resolver.
Sánchez de Lozada fue presidente de Bolivia en dos ocasiones, en 1993-97, cuando se produjo la privatización de ENFE y varias empresas estatales, y en 2002-2003, cuando fue interrumpido por la fuerza popular.
El oficialismo también denunció el mal uso de un crédito de 12 millones de dólares de Estados Unidos que benefició a privados. Por este caso también fueron acusados Sánchez de Lozada y varios de sus ministros, entre ellos el dirigente opositor y excandidato presidencial, Samuel Doria Medina.
El partido opositor Unidad Nacional (UN), del que es líder Doria Medina, ejerció su defensa, aunque sin ningún resultado.
“Lo que antes hizo Samuel (Doria Medina) eran políticas de Estado, eran medidas de seguridad económica”, aseveró el senador de UN, Arturo Murillo, quien denunció motivaciones políticas para anularlo en sus aspiraciones presidenciales.
El juicio de responsabilidades debe desarrollarse en el Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia del país, aún sin fecha de inicio.