Tras un largo alegato los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, cercanos a la oposición de derecha, pidieron ayer una pena de 12 años de prisión y la proscripción e inhabilitación definitiva para la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta del gobierno del peronista del Frente de Todos.
Fernández presuntamente se dedicaba a direccionar la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz, que Néstor Kirchner gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde aún mantiene su residencia la vicepresidenta.
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En su alegato final, el fiscal Diego Luciani aseguró que “se trató de la mayor maniobra de corrupción del país”, y dijo que perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones, dinero que pidió fuera decomisado de los bienes de los acusados en caso de ser condenados.
Reprimen apoyo a Cristina Fernández
la policía de Buenos Aires, gobernada por el derechista Horacio Rodríguez Larreta, reprimió a miles de simpatizantes de Fernández de Kirchner que se concentraron alrededor del edificio donde vive para manifestarle su apoyo, denunció la vicepresidenta en Twitter.
También un grupo de opositores violentos se dirigió al lugar, y fue cuando reprimieron a los partidarios de la ex mandataria con el argumento de evitar una confrontación entre ambos grupos. El diputado provincial Adrián Grana fue detenido. Sin embargo, los simpatizantes de Cristina Fernández no se retiraron del lugar.
En lo que el diario Página/12 describió como un “escandaloso show plagado de irregularidades”, Fernández de Kichner es acusada de defraudar al Estado por el equivalente a mil millones de dólares en una causa sobre la ejecución de la obra pública en la provincia sureña de Santa Cruz (2003 a 2015), después de la ilegal reapertura de este proceso similar a otro que fue cerrado por falta de pruebas y por testimonios que no convalidaron la acusación.
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El gobierno, funcionarios y dirigentes peronistas en todo el país condenaron esta resolución, en momentos en que un sector de la justicia se ha convertido en un partido judicial opositor, y continúa judicializando la política en su objetivo de perseguir al peronismo, como se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri.
Fernández denuncia asedio político
En una presentación de dos horas transmitida, vías redes sociales, desde su despacho en el Senado, Fernández dijo que las acusaciones de las que es objeto fueron armadas para perseguirla políticamente y apuntó contra los fiscales por citar a testigos “con testimonios que colapsaron” a lo largo de las audiencias judiciales.
Rodeada de papeles desplegados en una mesa, en los que buscaba información para sostener sus críticas, la vicepresidenta aseguró que el juicio está basado “en un guion bastante malo, además de falso”, que se refiere de forma injustificada a “sobreprecios y rutas no hechas”.
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Este es el primer pedido de una condena para la expresidenta en una docena de causas judiciales por diversos delitos, algunas de las cuales fueron cerradas y otras continúan bajo investigación.
La dirigente peronista indicó que el tribunal ya tiene decidida su condena en el marco de la persecución que viene sufriendo por parte de sectores de la justicia desde el gobierno de su sucesor, Mauricio Macri (2015-2019), quien hoy es uno de los referentes de la oposición. Reprochó, además, a los fiscales no ahondar en la investigación de supuestos actos de corrupción de empresarios cercanos a Macri en el sector de la obra pública.
LM
