Corrupción, riqueza y poder.

Con la reforma laboral y el tema de la transparencia, el Partido Acción Nacional y el Presidente Felipe Calderón han puesto la mira en un grupo de enorme poder en la vida pública de México: los sindicatos, agrupaciones intocadas por décadas que se han convertido en cómplices de grupos de poder, arma política para chantajear, un pesado lastre para la economía mexicana y la productividad del país. Pero, ante todo, son edificadores de oscuras y grandes fortunas de sus dirigentes a costa de los intereses de aquellos a quienes deberían beneficiar: los trabajadores, pero sobre todo, del resto de los ciudadanos cuando estas organizaciones “defienden” a los trabajadores del Estado.
Partidos y dirigencias sindicales han levantado la voz contra la reforma que sólo propone lo básico en una democracia: transparencia en el manejo de los recursos de los trabajadores y en la elección de los dirigentes. Parece algo normal en cualquiera organización, sobre todo de aquellas como los sindicatos, donde sus dirigentes se llenan la boca para ofrecer democracia.
El origen del movimiento obrero en México se estableció con el surgimiento de la Casa del Obrero Mundial, fundada el 22 de septiembre de 1912 como una idea de los anarcosindicalistas españoles Juan Francisco Moncaleano y Eloy Armenta. Luego vino en 1917 la formación de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Las alianzas políticas cobraron fuerza durante la gestión de Morones como secretario de la CROM, que bajo la dirigencia de Luis N. Morones se alejó de las ideas iniciáticas del sindicalismo al utilizarlo para alianzas con el Estado.
Con este dirigente el sindicalismo perdió su carácter social y de beneficio gremial al ser utilizado como mediador, es decir, controlador de la clase trabajadora, a cambio de apoyo y beneficios particulares para sus dirigentes y círculo cercano, como fueron puestos gubernamentales y, posteriormente, al crearse el sistema de partidos, candidaturas a puestos legislativos.
Los partidos de izquierda se oponen a la reforma laboral. Podrían tener razón en ciertos puntos de la propuesta calderonista. Pero, ¿estarían dispuestos a meter las manos al fuego por los actuales líderes sindicales, dirigentes que, incluso, mediante el corrupto control de los trabajadores les han impedido alcanzar la Presidencia de la República?
Elba Esther Gordillo se autoproclamó presidencia vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el mismo que desde 1989 ha recibido cerca de 100 mil millones de pesos de la SEP, por concepto de “cuotas sindicales”, recursos cuyo manejo y destino final se desconoce. Lo que si se conoce son las más de 61 posesiones de bienes inmuebles como son departamentos, condominios y casas en Polanco y Lomas de Chapultepec, así como oficinas para ella, sus hijas y el resto de su familia a la que se agregan los nietos. Algunas de las propiedades en los Estados Unidos y Europa.
Carlos Romero Deschamps, cuyos hijos son la imagen del derroche y el lujo: el varón, poseedor entre otros bienes de un Ferrari; la mujer, notoria viajera en aviones propiedad del dirigente de los trabajadores al servicio de Petróleos Mexicanos, que se da el exceso de manifestar la opulencia en que vive, llevando a todos lados a sus mascotas en viajes de compras por México, Europa, Estados Unidos y Sudamérica.
Romero Deschamps, quien oficialmente tiene un salario de alrededor de 24 mil pesos mensuales como motorista, tiene pequeños lujos como comprar relojes Rolex.
Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Minero, es otro caso. Nunca fue minero. Heredó el cargo de su padre, Napoleón Gómez Sada. Es acusado de desaparecer una cantidad menor a los anteriores de las arcas del Sindicato: 55 millones de pesos. Sin embargo, como los otros, nunca ha rendido cuentas a sus agremiados.
Martín Esparza, dirigente de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) es otro monumento a la corrupción, cuya fortuna es incuantificable como las de los otros dirigentes, quien acumuló en pocos años de liderazgo bienes como edificios, escuelas, centros vacacionales y de recreación, gimnasios, áreas deportivas y una duela de bambú de 103 millones de pesos y un rancho, además de casas y departamentos.
¿Son estos líderes a los que quiere proteger la llamada izquierda? ¿La sociedad mexicana debe proteger a los dirigentes de estas entidades de corrupción, fuerza y poder? México debe cambiar y para hacerlo, debe comenzar a sacudirse el lastre y algunos de estos sindicatos lo son.
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