El uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores entre adolescentes continúa generando controversia en México. Aunque las autoridades justifican su prohibición por motivos de salud pública, las recientes intervenciones policiales en escuelas y comercios reflejan una tendencia preocupante hacia la criminalización de jóvenes y estudiantes, más que una respuesta educativa o preventiva.
Alumna vendía vapeadores en secundaria con consentimiento de su madre
En el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, una estudiante de secundaria fue señalada por vender vapeadores a sus compañeros, con el supuesto consentimiento de su madre.
La denuncia surgió de una orientadora escolar, lo que derivó en la intervención de la Policía Municipal y la participación de la Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
De acuerdo con el reporte, la menor reconoció los hechos, mientras su madre admitió haber autorizado la venta. Aunque la autoridad argumentó actuar en defensa del “interés superior de la niñez”, el caso evidenció cómo las medidas punitivas se anteponen a la orientación y educación preventiva sobre los riesgos del vapeo.
Detienen a estudiantes del COBACH 2 por portar vapeadores y armas punzocortantes
En otro hecho, en el Colegio de Bachilleres Plantel 2, ubicado en la colonia Santa Rosa, dos estudiantes fueron detenidos tras un operativo en el que se les encontraron vapeadores y objetos punzocortantes.
El incidente escaló cuando la madre de uno de los adolescentes también fue arrestada por presuntamente obstruir la labor policial, luego de denunciar un uso excesivo de la fuerza.
La escena, difundida en medios locales, generó debate sobre el uso desproporcionado de la autoridad contra estudiantes y la falta de protocolos especializados para atender casos de consumo o portación de vapeadores entre jóvenes.
ISSEA asegura 80 vapeadores en restaurantes de Aguascalientes
A nivel comercial, el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) informó el aseguramiento de 80 dispositivos electrónicos en tres restaurantes.
El titular del área de Regulación Sanitaria, Christian Castro Andrade, explicó que estas acciones derivaron de denuncias anónimas y tienen el objetivo de frenar la venta y consumo de vapeadores, especialmente entre menores.
Sin embargo, especialistas advierten que la persecución y el decomiso no sustituyen la educación y prevención, y alertan que la narrativa oficial tiende a asociar el vapeo juvenil con criminalidad, sin atender las causas sociales, familiares o psicológicas detrás de su uso.
Criminalización o prevención: el debate pendiente
Los tres casos exponen una respuesta policial y sancionadora frente a conductas que deberían abordarse desde la salud pública y la educación.
Expertos en derechos de la niñez señalan que etiquetar a los adolescentes como “infractores” o “delincuentes” por vapear puede profundizar la estigmatización y alejar las soluciones reales, como la información, la atención psicológica y el acompañamiento familiar.
Mientras la ley prohíbe la venta de vapeadores en todo el país, los hechos recientes muestran que la regulación se aplica con enfoque punitivo y no preventivo, afectando principalmente a estudiantes y familias de contextos vulnerables.
