Apenas dos dÃas después de haber dado su conformidad a un acuerdo para resolver la crisis de Honduras propiciada por el golpe de Estado, el depuesto presidente Manuel Zelaya y el gobierno de facto liderado por Roberto Micheletti comenzaron a discrepar sobre los términos y los plazos del pacto.
El punto de la discordia volvió a ser el referente a la restitución en el poder del mandatario derrocado, que habÃa bloqueado durante casi siete dÃas las negociaciones hasta que la semana pasada una misión de EU y la Organización de Estados Americanos (OEA) logró que las partes se pusieran de acuerdo.
El Acuerdo Tegucigalpa-San José establece: â??Ambas comisiones negociadoras (la de Zelaya y la de Micheletti) hemos decidido, respetuosamente, que el Congreso (…) resuelva en lo procedente en respecto a â??retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junioâ??â?, fecha del golpe.
Zelaya aseguró en conversación telefónica con EFE que esto significa â??pedirle al Congreso con respeto que retrotraiga la situación, es decirles: â??Señores, con todo respeto, vuelvan al estado de derecho y dejen la ilegalidad(sic)â??â?. â??Eso es una solicitud que se ha hecho de ambas partesâ?, dijo el mandatario derrocado. Sin embargo, el gobierno de facto, en un documento sobre el tratado distribuido entre la prensa, afirma que el acuerdo â??no hace ningún tipo de recomendación sobre qué decisión debe tomar el Congresoâ?
El mandatario depuesto considera además que su restitución debe producirse antes del jueves, fecha lÃmite para la instalación de un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, según el acuerdo, que no obstante no señala quién debe presidirlo.
En respuesta a la postura de Zelaya, la vicecanciller del gobierno de facto, Martha Alvarado, lo acusó de querer â??desestabilizarâ? las elecciones convocadas para el próximo 29 de noviembre y de estar â??poniendo en (estado) precario el acuerdoâ?
