Un operativo lanzado el año pasado por las autoridades venezolanas para combatir la delincuencia dio lugar a numerosas denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos, desalojos forzosos, destrucción de viviendas y deportación de ciudadanos colombianos, reportaron el lunes dos organizaciones no gubernamentales.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Human Rights Watch (HRW) presentaron un informe conjunto de 43 páginas en el que recopilaron denuncias vinculadas a la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo”, lanzada en julio de 2015 por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
The Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin obtenerlo de inmediato.
El documento, que reúne información recogida entre julio de 2015 y febrero de 2016 en Caracas y otros siete estados, denunció 20 ejecuciones presuntamente perpetradas durante las 135 redadas que formaron parte de la operación.
El ministerio público ha dicho que 245 personas y tres policías murieron en enfrentamientos durante la realización de los operativos policiales hasta diciembre de 2015.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW dijo en conferencia de prensa que la enorme desproporción entre los 245 civiles y sólo tres policías muertos “nos permite concluir que la versión oficial de que murieron en enfrentamientos no es creíble”.
Venezuela es uno de los países más violentos de la región, con una tasa de homicidios que según registros oficiales está en 39 por cada 100.000 habitantes pero que de acuerdo con cálculos de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia cerró 2014 en 80 por cada 100.000 habitantes.
Rafael Uzcátegui, director de Provea, dijo que los resultados de este operativo gubernamental “significan que el gobierno venezolano ha tomado la decisión de enfrentar el delito de manera no democrática, violando distintos derechos en comunidades de escasos recursos en un marco de militarización de la seguridad ciudadana”.
El documento señaló que desde julio las autoridades venezolanas allanaron al menos 17.000 viviendas sin orden judicial y practicaron más de 14.000 detenciones arbitrarias que permitieron el encausamiento de apenas 100 personas.
A su vez fueron deportados 1.700 ciudadanos colombianos de manera sumaria sin haberles dado derecho a la defensa, incluidos 400 que gozaban del estatus de refugiados o lo gestionaban, agregó el documento.
Uzcátegui, quien relató que la fiscal general Luisa Ortega le comunicó verbalmente que 25 funcionarios son objeto de investigación, atribuyó la existencia de abusos masivos a una impunidad estructural, a la falta de independencia del poder judicial, al debilitamiento de las instituciones democráticas y a las garantías del debido proceso.
Los dos grupos aseguraron haber verificado la demolición de 976 viviendas en cuatro estados a cuyos residentes no se les notificó previamente ni se les ofreció alternativas para la reubicación, una modalidad que según Vivanco no tiene precedentes en el continente.
Las dos organizaciones presentaron su informe horas antes de exponer las denuncias durante una audiencia prevista la tarde del lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esta semana celebrará su 157 periodo de ausencias.