El pleno de la Cámara de Diputados instruyó la formación de un “grupo de trabajo”, con legisladores de las seis bancadas de San Lázaro, que estudiará si es viable pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la legalidad del decreto que extinguió Luz y Fuerza del Centro.
De entrada, el grupo de diputados tendrá que analizar el instrumento jurídico que podrían invocar, si una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad.
El estudio jurídico podría extenderse casi mes y medio, para estar en tiempo de presentar una solicitud a los ministros.
La propuesta fue presentada al pleno por el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, diputado del PRD, con el apoyo de legisladores del PRI Cruz López Aguilar y Gerardo Sánchez García.
El asunto fue aprobado por unanimidad.
El diputado Roberto Gil (PAN) sumó los votos de Acción Nacional a la formación del grupo de trabajo sobre la legalidad del decreto presidencial que liquidó Luz y Fuerza. Explicó al respecto:
Tenemos la plena certeza de que el decreto del Presidente Felipe Calderón está apegado a derecho, y con esa confianza participaremos en el grupo de trabajo.
“La fortaleza de los argumentos jurídicos del Ejecutivo resisten cualquier revisión”, subrayó el diputado Gil.
A su vez, Carlos Flores Rico (PRI), estableció que la extinción de la empresa eléctrica “es un asunto delicado” que merece un análisis detenido. Los priistas, añadió, “tenemos serias reservas”, y un espacio pertinente será el grupo de trabajo, dijo.
Reiteró que las consecuencias sociales, económicas y políticas que tenga el cierre de Luz y Fuerza del Centro, y estableció que el PRI defenderá el principio del sindicalismo, los derechos de los consumidores, y el principio de la empresa pública.
Flores Rico demandó que a lo largo del conflicto, se deben respetar la paz social y las libertades de expresión
