Ecuador pagará 980 millones de dólares a la petrolera estadounidense Oxy hasta abril de este año, tras la condena que le impuso un tribunal de arbitraje del Banco Mundial por cancelar un contrato de extracción en 2006, informó este sábado el presidente Rafael Correa.
“El laudo era 1.400 millones de dólares. Vamos a pagar 980 millones, a grosso modo. El descuento es 420 millones”, dijo Correa durante su programa semanal de radio y televisión.
En noviembre pasado, la Procuraduría General de Ecuador había indicado en un comunicado que la condena establecía “un monto neto a pagar de USD 1.061.775.000”. El sábado, Correa señaló que el laudo fue por 1.400 millones de dólares, sin ofrecer detalles sobre el aumento en la cifra.
El presidente destacó que su país, que afronta dificultades económicas, pagó en diciembre 100 millones de dólares “como una muestra de buena voluntad” y estableció un plan de pago.
“Hemos firmado el día de ayer el acuerdo de pago con Oxy y la controversia se ha saldado de manera amistosa”, resaltó el gobernante.
Los desembolsos se harán entre enero y abril de este año.
“El remanente tenemos que pagar el 29 de abril de 2016 hasta llegar a los 979,7 millones y cerrar definitivamente este litigio con Occidental por el bien del país”, expresó el mandatario.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) condenó a Ecuador a pagar la millonaria indemnización a Oxy (Occidental) luego de que en 2006 canceló el contrato mediante el cual la petrolera extraía unos 100.000 barriles por día de crudo en la Amazonía.
La caducidad se produjo por la venta sin autorización de Quito de 40% de las acciones de Oxy a la canadiense Encana en agosto de 2000.
Ecuador enfrenta desde hace varios años y simultáneamente varios procesos con petroleras en cortes internacionales de arbitraje con varios miles de millones de dólares en juego.
El de mayor envergadura es el que sigue en la Corte de La Haya por el caso de la petrolera Chevron, que fue condenada por la justicia ecuatoriana a pagar 9.500 millones de dólares por daño ambiental a indígenas y pobladores amazónicos.