Su argumento es que “el fuero militar no es competente para conocer” sobre “ese tipo de casos”, los casos que involucran a militares en el asesinato de civiles. Sea por accidente o por descuido, han desaparecido de las estadísticas del Ejército y su discurso oficial. Simplemente no hay manera de conocer con exactitud esas cifras.
Desde hace cuatro años, cuando inició la Administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ha decidido no informar sobre el número de muertes civiles, ya sean de personas ajenas a grupos criminales o abatidos en enfrentamientos armados.
Solicitudes de información realizadas al Ejército por medios de comunicación y otros ciudadanos lo confirman.
Por ejemplo, al revisar la información se puede observar que en las cifras de civiles fallecidos a manos del Ejército no aparecen las 22 personas que murieron el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México.
Todos los militares que fueron encarcelados por ese tema permanecen libres, aunque según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 15 de esos civiles fueron ejecutados extrajudicialmente, una clara violación a sus garantías, sin importar si pertenecían o no al crimen organizado.
Tampoco aparece registrada la muerte de un policía comunitario en el poblado de Antúnez, Michoacán, ocurrido el 13 de enero de 2014, cuando un soldado disparó “por accidente” contra el integrante de un grupo de autodefensa local que en esos momentos estaba desarmado. Como estos dos ejemplos, hay varios más.
Al ser cuestionado sobre este tema el Ejército ofrece las cifras de los decesos que ocurrieron en el sexenio anterior –el de Felipe Calderón–, pero se niega a ofrecer las de este sexenio.