Durante los meses de marzo, abril y mayo del presente año, 300 funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) participaron en el curso Trabajo multidisciplinario en fosas clandestinas, para ser capacitados en la atención de un fenómeno que está creciendo en el país.
La instrucción fue impartida por diferentes especialistas, entre ellos integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a funcionarios de las subprocuradurías Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); Jurídica y de Asuntos Internacionales, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Policía Federal, y del Instituto de Ciencias Forenses del Distrito Federal.
De acuerdo con cifras de la Procuraduría, ofrecidas por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), entre 2007 y 2013 fueron encontrados mil 236 cuerpos o restos humanos inhumados clandestinamente en diferentes estados del país.
El reciente caso de Iguala, Guerrero, en el que se han encontrado nueve fosas clandestinas con un total de 30 cuerpos, en el marco de las investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes normalistas, es sólo una muestra de la gravedad del problema de las inhumaciones ilegales relacionadas con la violencia.
A estos se deben añadir los restos encontrados entre cenizas en el interior de bolsas de plástico, en el basurero municipal y río San Juan de Cocula, en el mismo estado, a donde presuntamente llevaron a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, según testimonios que presentó la PGR.
En el presente año ha destacado, además de los hechos de Guerrero, el caso registrado el 10 de febrero en Coahuila, donde durante un operativo de búsqueda en Acuña, Allende y Monclova se encontraron aproximadamente 500 restos humanos.
Pero los asesinatos en masa y posteriores inhumaciones clandestinas se han venido presentando con mayor frecuencia en los años previos; como ejemplo están las matanzas de San Fernando, Tamaulipas, con 192 víctimas en los años 2010 y 2011, o a la llamada Matanza de Cadereyta, Nuevo León, con 49 víctimas en 2012.
Pese a los discursos oficiales de que se incrementaría la seguridad, se depurarían los cuerpos policiales o se combatiría a los grupos del crimen organizado, el fenómeno se ha seguido presentando en todo el territorio.
Hace un año, en noviembre, se encontraron un total de 35 fosas clandestinas con 68 cuerpos en el municipio de La Barca, Jalisco, como parte de las investigaciones por la desaparición de dos agentes federales de la PGR en Michoacán.
De acuerdo con la información de transparencia, entre los años 2012 y 2013 únicamente se logró la identificación de 651 restos humanos; el resto, un total de 583, permanecían en calidad de “no identificados”.
En el 20 Informe de Gobierno se estableció que para este año, además de la capacitación al personal, se pusieron en operación laboratorios móviles especializados para la investigación de casos de inhumaciones clandestinas, entre otros.
“Se fortalecieron las 31 coordinaciones estatales y área central de servicios periciales con la dotación de 95 laboratorios móviles, acondicionados con equipo básico e indispensable para las especialidades de criminalística de campo, delitos ambientales, fosas clandestinas y laboratorios clandestinos lo cual aumenta la capacidad científica de investigación en la rama de la criminalística forense desde el lugar de los hechos, para que la evidencia esté perfectamente recolectada y preservada, y se atiendan los requerimientos del nuevo esquema de procuración de justicia”, se explica en el documento.
En el reporte entregado por el IFAI a una solicitud de información se detalló que en 2007 se encontraron 22 cuerpos en fosas clandestinas, de los cuales ocho fueron reportados por la SEIDO, dos por la delegación de la PGR en Aguascalientes, cinco por la de Coahuila y siete por la de Sonora.
Para el año siguiente, la cifra de cuerpos inhumados en fosas clandestinas se incrementó 454 por ciento, al alcanzar la cifra de 122 cuerpos enterrados clandestinamente.
Chihuahua fue la entidad que reportó más hallazgos, con 53 casos, seguido del Estado de México con 25, Baja California con 18, Oaxaca con 13 cuerpos, Tamaulipas con nueve, Chiapas con tres y el Distrito Federal reportó un caso.
En 2009 fueron 154 los cadáveres encontrados en esas condiciones, de los cuales 110 correspondieron a Veracruz, 19 a Zacatecas, 14 a Hidalgo, cinco a Michoacán, tres a Oaxaca, dos a Guerrero y uno a Sinaloa.
En el informe del IFAI se realizó un concentrado de los años 2010 y 2011, cuando ocurrió el caso de San Fernando, Tamaulipas, en donde se encontraron 192 cuerpos en dos casos diferentes: el primero el 23 de agosto del primer año y el segundo el 6 de abril de 2011.
En ese reporte bianual se detalló que la SEIDO reportó 12 hallazgos, seguido de Guerrero con 16, la misma cantidad en Morelos y Durango y Jalisco con 15 cada uno.
Sinaloa registró 14 cuerpos en fosas clandestinas, tres en Sonora, dos en Nuevo León, y el Estado de México e Hidalgo reportaron un caso cada uno.
Para 2012 se reportó un total de 232 cuerpos hallados en fosas clandestinas, entre ellos los 49 de la Matanza de Cadereyta y en donde Tamaulipas fue nuevamente la entidad con más casos de cuerpos abandonados en tumbas ilegales, con 51 en total.
Además de los convenios de capacitación con el Equipo Argentino de Antropología Forense, la Procuraduría federal ha establecido convenios para la investigación e identificación de cuerpos sepultados clandestinamente con organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, AC y del Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso (Cofamipro).
Otros convenios se han firmado con el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC; con la Asociación Civil Voces Mesoamericanas; con la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala; con la Asociación Misioneros de San Carlos Scalabrinianos en Guatemala; con el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, AC y con el Foro Nacional para la Migración en Honduras.
También participan el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, el Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila.
El mapa de México en cuanto a fosas clandestinas
