National Public Radio (NPR), tras una investigación que le ha llevado varios meses a sus periodistas, reveló ayer que detrás de la polémica ley antiinmigrante SB1070 se encuentran no sólo la urgencia electoral de varios polÃticos, sino también intereses de empresas y cabilderos que se confabularon en la creación de la iniciativa para impulsar la construcción de cárceles para indocumentados, uno de los negocios con más futuro en Estados Unidos, al tiempo que explotaban electoralmente el clima de odio y rechazo hacia la comunidad inmigrante.
Cuando la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó en abril pasado la citada ley, muy pocos dudaron de que era producto de su urgencia polÃtica para ganar las elecciones primarias y tratar de reelegirse en el cargo en noviembre próximo.
Tras la suspensión de la iniciativa â??que valora la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve en San Franciscoâ??, organizaciones defensoras de la comunidad latina siguieron denunciando sus motivaciones polÃticas. Pero lo que no habÃan descubierto son los intereses económicos detrás de la ley, confeccionada por Corrections Corporation of America (CCA), el más importante contratista privado de sistemas carcelarios en Estados Unidos.
Según el reporte elaborado por NPR, legisladores como Rusell Pearce mantuvieron reuniones con representantes del grupo denominado American Legislative Exchange Council (ALEC), una organización paraguas que incluÃa a cabilderos de CCA desde diciembre pasado en esta capital.
Esos encuentros marcaron el nacimiento de la SB1070, una iniciativa que ha sido hija de la oportunidad en momentos en que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) implementa una de las más agresivas campañas de redadas y deportaciones contra la población indocumentada, con un promedio de mil detenciones por dÃa.
A la versión difundida por NPR se suman las denuncias que han lanzado organizaciones como el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, con 2.2 millones de afiliados, que ha señalado que la poderosa CCA se lleva 40% de los contratos federales para construir sistemas carcelarios.
â??Las revelaciones de NPR rayan en lo obscenoâ?, consideró Frank Sharry, de la organización Américaâ??s Voice.
â??Ahora sabemos quién se ha querido beneficiar de esta ley, y no son precisamente los residentes latinos, a quienes se les sigue tratando como ciudadanos de segunda claseâ?, añadió.
Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el denominado programa de detenciones y deportaciones de ICE administra un promedio de 32 mil detenidos por dÃa a un costo promedio de entre 90 y 100 dólares por cabeza, un negocio codiciado por empresas como CCA que ven en este tipo de actividad un futuro lleno de â??oportunidadesâ?.
