Integrantes de las autodefensas aseguran que la Fuerza Rural no cubre con las necesidades del pueblo debido a que en sus filas hay delincuentes “arrepentidos” a quienes les atribuyen violaciones sexuales, saqueos, cobrar 35% del valor de los inmuebles recuperados y la venta de “perdones” a templarios.
El 28 de septiembre de 2014 el grupo de presuntos ex templarios conocido como Los Viagra expulsó de Apatzingán al comandante Arsenio Hinojoza, segundo de a bordo de la Fuerza Rural del municipio, a su familia, y a 28 de sus hombres, con todo y sus familiares, bajo amenaza de muerte.
Los desplazados se refugiaron en un hotel del municipio de Buenavista y son custodiados por gente de Luis Antonio Torres, El Americano.
Bajo la sombra de un árbol del hotel, Hinojoza narra que en su ausencia Los Viagra quemaron su casa y su taller de carpintería la madrugada del 6 de octubre, tras el decomiso de un laboratorio del grupo delictivo, ocurrido esa misma madrugada. “Son peores que los templarios”, dice sobre los siete hermanos que tras asumirse como criminales “arrepentidos” se enlistaron en la Fuerza Rural de Apatzingán.
Hinojoza les incrimina violaciones sexuales, saqueos, cobrar 35% del valor de los inmuebles recuperados y la venta de “perdones” a templarios.
Acusaciones entre ambos bandos provocaron su destitución y el retiro forzado de su voz de mando, Alberto Gutiérrez, el Comandante 5.
En la Fuerza Rural la ira crece por la impunidad actuante de “arrepentidos” en sus filas. También por su reducida capacidad operativa: de 5 mil solicitantes, sólo se legalizó a mil, en 19 de los 34 municipios alzados. Y trabajan, dicen, sin equipamiento, vehículos y gasolina.
Comandantes de la institución manifiestan que a pesar del despliegue federal en la región, las comunidades confían en ellos, su propio pueblo, para mantener una paz incierta. Aseguran que Los Caballeros Templarios siguen operando, que el gobierno no detiene a los cabecillas de plaza y que esa fue la primera condición que establecieron para la disolución de las autodefensas.
El comandante Héctor Zepeda, al frente de la Fuerza Rural de Coahuayana, expone: “En mi municipio no se ha agarrado a Carmelo Núñez ni a su hermano Osorio, ni a Federico González Lico en Aquila. Y yo preguntó: “¿Ya agarraron a Servando Martínez, La Tuta? ¡A quién quieren engañar!”.
La Fuerza Rural está rebasada. Por esa razón, cientos de autodefensas se reactivan de nuevo. En Coalcomán, por ejemplo, buscan evitar el desarme y resguardar comunidades rurales que son acosadas por el cártel pese a patrullajes militares.
Luis Martínez, uno de los dirigentes de los mil 450 autodefensas del municipio, dice que si el gobierno los encarcela por hacer lo que no cumplió, sobrevendrá un nuevo levantamiento en Michoacán.
“Ahora sí se va a alzar el pueblo de nuevo y no será sólo Coalcomán”, advierte el líder, “es Aguililla, es Aquila, es Coahuayana, es Chinicuila, es Tepalcatepec”.
La reactivación de las autodefensas por llamados de auxilio de las comunidades comenzó, de hecho, hace un mes en la costa.
En ese lapso, 200 guardias civiles reanudaron la avanzada —frustrada antes tres veces, con saldo de sangre y dos centenares de detenidos, entre ellos el líder de las autodefensas Manuel Mireles— hacia el puerto de Lázaro Cárdenas.
En Michoacán se pide el regreo de las autodefensas, Fuerza Rural rebasada
