Ernestina Godoy llega este viernes al centro del poder judicial del país como encargada del despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), apenas horas después de que Alejandro Gertz Manero formalizara su renuncia para encaminarse hacia una embajada. Su arribo no ocurre en un momento de estabilidad, sino en el contexto de la mayor carga de casos sin sentencias, escándalos de corrupción sin cerrar y expedientes del crimen organizado estancados en la historia reciente de México.
El movimiento fue inmediato: un día después de la salida de Gertz, Ernestina Godoy ya había designado a César Oliveros Aparicio como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y a Héctor Elizalde Mora al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ambos perfiles cercanos a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad. Para algunos, esto marca el inicio de una nueva estrategia; para otros, es simplemente un reacomodo político en una institución profundamente desgastada.
La crítica política: “dictadura” y sospechas de control
El primer gran ataque político no tardó en llegar. El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, declaró que, de concretarse su llegada definitiva a la FGR, “se puede hablar de una dictadura en México”. El señalamiento no fue aislado: el dirigente panista también exigió explicaciones públicas sobre la salida de Gertz Manero, insinuando que no se trató de una renuncia convencional, sino de una destitución disfrazada.
Para la oposición, la lectura es clara: el nuevo gobierno comienza a desplazar figuras del sexenio de López Obrador para construir su propio control institucional. Pero para amplios sectores de la sociedad civil, la pregunta va mucho más allá de la política partidista:
¿tiene Ernestina Godoy, realmente la capacidad técnica, jurídica y política para destrabar los grandes casos que la FGR arrastra desde hace una década?
El tamaño del reto: una Fiscalía saturada de escándalos
La FGR que recibe Ernestina Godoy es una institución saturada de pendientes históricos, muchos de ellos con consecuencias económicas, sociales y de seguridad nacional.
1. El “huachicol fiscal”
Uno de los expedientes más delicados es el llamado huachicol fiscal, un esquema de evasión de impuestos y contrabando de combustibles desde Estados Unidos mediante redes incrustadas en aduanas mexicanas. Este caso implica miles de millones de pesos en pérdidas para el Estado. Aunque existen investigaciones abiertas, no hay sentencias sólidas, ni responsables de alto nivel encarcelados.
2. Segalmex: el fraude que sigue sin justicia
Otro de los casos más escandalosos del sexenio de López Obrador fue el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), donde se documentaron desvíos superiores a los 15 mil millones de pesos mediante sobreprecios, contratos inflados, sobornos y esquemas tipo Estafa Maestra. A pesar del impacto mediático y político, ningún responsable principal enfrenta hoy una condena firme.
3. Odebrecht: un expediente congelado
El caso Odebrecht, que involucra sobornos por 10.5 millones de dólares a Emilio Lozoya, permanece atascado por recursos legales, criterios judiciales ambiguos y un proceso que parece diseñado para no concluir nunca. La promesa de castigo ejemplar se diluyó y hoy es un símbolo de impunidad de alto nivel.
4. La Estafa Maestra
Más de siete mil millones de pesos desviados mediante universidades públicas y empresas fantasma durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. A pesar del cúmulo de pruebas, el caso sólo avanzó parcialmente y sin sentencias de gran calado. Rosario Robles terminó sin condena penal firme.
5. Ayotzinapa: justicia a medias
El expediente de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue marcado por contradicciones, omisiones y frustración para las víctimas. La FGR nunca logró cerrar una verdad judicial completa. Entre informes derribados, testigos protegidos caídos y órdenes de aprehensión mal integradas, el caso continúa abierto 11 años después.
6. Rancho Izaguirre: el nuevo símbolo del horror
En marzo de 2025, colectivos localizaron hornos clandestinos y restos humanos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, un centro de adiestramiento del CJNG. Aunque la FGR atrajo el caso y hubo 15 detenidos, no existen peritajes concluyentes, ni identificación plena de víctimas, ni sentencias, lo que ha generado una nueva oleada de indignación nacional.
7. El “Mayo” Zambada y la opacidad internacional
Ismael “El Mayo” Zambada fue secuestrado y entregado a EE. UU. en julio de 2024. La FGR solicitó información a Washington, pero no hay versión pública completa, ni procesos claros en México. El caso exhibe la debilidad del Estado mexicano frente a decisiones extranjeras.
8. El expediente Raúl Rocha Cantú
Empresario vinculado a Miss Universo, acusado de tráfico de armas al CJNG y la Unión Tepito, además de huachicol. Aunque hay 13 órdenes de aprehensión pendientes y vínculos con funcionarios, el caso sigue sin resolución. El propio empresario se ha ofrecido como testigo protegido.
¿Qué puede hacer realmente Ernestina Godoy?
El reto que enfrenta es estructural, no sólo administrativo. La FGR es hoy una institución:
- Con credibilidad erosionada
- Con procesos judiciales mal integrados
- Con dependencia política evidente
- Con enormes presiones del crimen organizado
- Y con víctimas que han perdido la fe
A su favor juega su experiencia como exfiscal capitalina y su cercanía al nuevo gabinete de seguridad. Pero en su contra pesa algo igual de fuerte: hereda un sistema repleto de expedientes politizados, contaminados jurídicamente y con enormes intereses económicos detrás.
¿Cambio real o continuidad con nuevo rostro?
La designación de funcionarios cercanos a Harfuch sugiere un giro hacia un enfoque más operativo. Sin embargo, la pregunta de fondo sigue sin respuesta clara:
¿habrá voluntad real de tocar a redes políticas, empresariales y criminales de alto nivel?
Porque una cosa es reordenar la estructura interna y otra romper pactos históricos de impunidad.
Conclusión
La llegada de Ernestina Godoy al frente del despacho de la FGR no es un simple relevo administrativo. O representa el inicio de una verdadera reconstrucción de la justicia federal, o se convertirá en otro capítulo más de simulación institucional.
La Fiscalía enfrenta algunos de los mayores escándalos de corrupción, crimen organizado y violaciones a derechos humanos de las últimas décadas. Resolverlos no dependerá de discursos, sino de hechos: órdenes de aprehensión sólidas, investigaciones técnicas, procesos judiciales impecables y sentencias efectivas.
Hoy, México no necesita ajustes cosméticos. Necesita resultados.
