Después de negar que su administración tenga la intención de “apropiarse” de los bienes muebles e inmuebles de las instituciones de educación privadas, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta recordó que este concepto está incluido en el artículo 99 de la Ley General de Educación y aplica para este tipo de planteles, como también privados, no sólo en Puebla, sino en todo el país.
Sin embargo, representantes de instituciones privadas de educación básica, media superior y superior no están de acuerdo y advierten que solicitarán amparos.
Cabe recordar que la Ley fue aprobada por el Congreso local el pasado 15 de este mes, tras ser enviada la incitativa por el Poder Ejecutivo, lo que criticado por el Consorcio Universitario (CU), el cual está integrado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), como también las Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Iberoamericana, Anáhuac, de las Américas Puebla y Madero.
Este domingo, después de difundirse una nota de un medio nacional sobre el tema, Barbosa Huerta lamentó que este tipo de información sirva a los “intereses del pomposo” CU, a cuyos integrantes advirtió en este microbloging: las cosas en Puebla ya cambiaron y no volverán a ser como antes, cuando recibían canonjías de los gobiernos”.
Esta agrupación criticó las atribuciones de supervisión y vigilancia a sobre los planteles y programas de instituciones públicas y privadas, porque afecta los principios de certeza jurídica, simplificación y equidad; además, el rector de la Universidad Anáhuac, José Mata Temoltzin, acusó que el gobierno estatal trataría de apropiarse los bienes de estas escuelas.
Sobre el particular, es necesario anotar que el CU, como también la Unión Nacional de Padres de Familia y otras agrupaciones han advertido la posibilidad de promover amparos y estar dispuestos a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN).
