El gobierno del presidente Fernando Lugo pidió ayuda al gobierno de Estados Unidos para interceptar el 90% de las llamadas de celulares, reportó un informe de WikiLeaks divulgado por el diario El País de España.
Sin embargo, Estados Unidos se negó a proporcionar dicha ayuda para evitar que el gobierno local utilice las intercepciones contra sus opositores, conforme a un cable enviado por la embajada de Washington en febrero de este año.
Tampoco había conseguido el consentimiento del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes.
Las autoridades paraguayas argumentaron que necesitaban controlar las llamadas de celulares con motivo de la persecución a un supuesto grupo guerrillero que secuestró dos hacendados entre 2008 y 2010.
Se trata del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que se adjudicó los secuestros de los ganaderos Luis Lindstrom y Fidel Zavala, además de la muerte de una seis personas desde que comenzó a operar hace dos años.
Según el informe de WikiLeaks, que divulgó más de 250.000 cables de la diplomacia estadounidense a fines de noviembre, el gobierno paraguayo pretendía acceder a los programas informáticos que emplea la DEA, su agencia oficial antidrogas.
Relata que el ministro del Interior Rafael Filizzola, habría señalado a la representante diplomática textualmente: “La lucha contra la droga es importante, pero no hará caer a nuestro Gobierno. El EPP podría hacerlo”.
El informe reporta que Estados Unidos asistió sin embargo al gobierno para interceptar 12 líneas telefónicas destinadas a investigar el paradero del hacendado Zavala, secuestrado en octubre de 2009 y liberado tras el pago de un rescate en enero de 2010.
El cable amplía diciendo que en Paraguay estarían funcionando 3 o 4 equipos de espionaje telefónico adquiridos por gobiernos anteriores a Lugo y que “desaparecieron”.
John Zaginailoff, jefe de la división tecnológica de la DEA (agencia antidroga estadunidense), habría consentido la ayuda y pidió al gobierno interceder para que dos compañías de celulares cooperen.
El ministro del Interior paraguayo respondió -según el cable- diciendo que ya se había preparado un decreto “para obligar” a las empresas Tigo y Personal a prestarse al espionaje.
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