En el Senado se reunieron legisladores, expertos nacionales e internacionales, activistas de la sociedad civil y médicos especialistas durante el foro “Mitos y realidades del vapeo: ¿hacia dónde debe ir México?” para manifestar la urgencia de regular la venta y consumo de vapeadores y cigarros electrónicos ante el aumento del mercado negro y el consumo de menores tras su prohibición.
La senadora de Morena, Eva Galaz, quien organizó el evento, fue muy clara al asegurar que el Gobierno federal debe decidir con base en evidencia, no ideologías ni colores partidistas una regulación estricta e inteligente, ya que ningún convenio debe pasar por encima de la salud y derechos humanos de los mexicanos.
“Desde esta soberanía les hacemos un respetuoso recordatorio: ningún convenio, por marco que sea, está por encima de los derechos humanos. Le pedimos a los funcionarios que dejen a un lado la intolerancia y la cerrazón. Trabajemos de la mano para desaparecer al mercado negro de esos dispositivos, el cual se estima que genera entre 3 y 5 mil millones de pesos anuales, sólo en México”, aseguró.
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Indicó que, de acuerdo con cifras de la última Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, en México hay cerca de 15 millones de fumadores de entre 12 y 65 años y al menos 10 por ciento de los menores de edad han usado alguna vez un producto alternativo al cigarro, esto porque los pueden encontrar hasta en máquinas expendedoras de centros comerciales al no tener una ley que los legisle.
Sylvana Beltrones Sánchez, senadora del PRI y secretaria de la Comisión de Salud, desmintió que vapear sea más dañino que fumar, pues la realidad es que los vapeadores y los productos alternativos no generan combustión, lo que reduce las sustancias tóxicas a un 95 por ciento, en comparación con el humo del cigarro.
Lo que verdaderamente hace daño, reiteró, es que los dispositivos no están regulados; al no contar con una ley que obligue a los fabricantes a que sus productos pasen por un control sanitario y que reporten las sustancias e ingredientes que contienen, se comercializan en la ilegalidad productos alterados que ponen en riesgo la salud de los consumidores.
“Hay muchos casos en Estados Unidos en los que utilizar un vapeador provocó hospitalizaciones e incluso una muerte, porque son productos alterados que regresan al mercado. Hace falta mayor regulación: no hay reglas, entonces los fabricantes no tienen indicadores de acciones que no están permitidas como en dónde fumar, etc”, mencionó.
La Senadora Alejandra Lagunes, coincidió en que impulsar una regulación es importante para la salud de los dos millones de consumidores de vapeadores al ser la mejor manera de conocer e informar sobre lo que realmente contienen.
“Hay más de 2 millones de consumidores; se necesita evitar más daños a los nuevos consumidores en el corto plazo. Llevamos mucho tiempo impulsando la regulación porque es fundamental para la salud conocer qué contienen, además de evitar que el mercado negro esté ganando”, comentó.
Sobre la importancia de las alternativas al cigarro como una opción para dejar de fumar, el miembro de Pro Vapeo, Tomás O’Gorman, aseguró que todos los días 160 fumadores mueren lo que hace más urgente un marco normativo adecuado para que los usuarios adultos accedan a ellos para disminuir las muertes y enfermedades causadas por el tabaquismo.
“Todos los días mueren 160 fumadores que podrían salvar sus vidas si tuvieran acceso a alternativas reguladas; la realidad ha rebasado al Convenio Marco; por ello, se requiere un marco normativo adecuado para que los usuarios accedamos a estrategias de reducción de daños y herramientas para disminuir el tabaquismo. Existe evidencia de que el vapeo sí sirve para dejar de fumar, hay certeza moderada sobre el aumento de las tasas de abandono. La prohibición es una política autoritaria y moralista y causa muchos daños”, aseveró.
Todos los legisladores y expertos que se reunieron en el foro coincidieron en que la prohibición de los vapeadores no está funcionando, si no que agravó la ilegalidad y el consumo en menores de edad, por lo que hicieron un llamado para que el Gobierno federal, la Secretaría de Salud y la Cofepris, dejen a un lado la intolerancia y trabajen en una regulación basada en evidencias científicas.
JGR
