Francia busca regresar a la normalidad tras atentados terroristas. El presidente de Francia, François Hollande, decidió abandonar un proyecto de ley que habría retirado la ciudadanía a terroristas condenados y endurecido el estado de emergencia en el país.
El mandatario presentó las dos iniciativas días después de los ataques extremistas del 13 de noviembre que dejaron 130 muertos en París.
La propuesta para revocar la ciudadanía de terroristas condenados con doble nacionalidad había provocado una acalorada discusión política en el país, con la ultraderecha de acuerdo con la iniciativa, mientras que en la izquierda algunas voces expresaron su indignación por lo que calificaron de medida divisiva.
Quienes se opusieron argumentaban que crearía dos clases de ciudadanos – los que tienen dos nacionalidades y podrían perder la gala, y los que son sólo franceses, a quienes no se les aplicaría esta norma – en contra del principio de igualdad manifiesto en la constitución francesa.
La ley no podría aplicarse a personas que sólo son ciudadanos franceses, ya que las obligaciones de Francia bajo la ley internacional le prohíben dejar a personas apátridas.
En una inusual alocución a reporteros tras la reunión semanal de su gabinete ministerial, Hollande declaró que no tenía otra alternativa. Las dos cámaras del parlamento están en total desacuerdo sobre la propuesta y un acuerdo “no parece alcanzable”, indicó.
“Es una actitud que lamento profundamente”, expresó el mandatario.
La propuesta también estipulaba incluir el estado de emergencia en la constitución francesa, a fin de adaptarla como medida apta para una amenaza a largo plazo.
Bajo las leyes actuales, que datan de 1955, el estado de emergencia no puede durar más de 12 días aunque puede prorrogarse por tiempo indefinido con una votación del parlamento.
“La amenaza es más grave que nunca”, indicó Hollande y añadió que está decidido a “garantizar la seguridad de nuestro país y proteger al pueblo francés del terrorismo”.
El estado de emergencia, declarado por el gobierno la noche misma de los ataques, fue recientemente prorrogado hasta el 26 de mayo. Amplía los poderes policiales para registrar viviendas y arrestar a individuos y limita los encuentros públicos, entre otras medidas.
Algunos activistas de derechos humanos denuncian que la propuesta de revocarle la ciudadanía a los que tienen doble nacionalidad era una medida implícita contra la comunidad musulmana en Francia, la mayor en la Europa occidental y que incluye a mucha gente que nació en Francia pero que posee también otra nacionalidad como marroquí, tunecina o argelina.
Unas 50 organizaciones de derechos humanos y antirracistas organizaron una petición para resistir la medida.
“La medida promovida por la extrema derecha para perjudicar a los franceses de origen africano o magrebí hubiera socavado el principio de igualdad”, declaró la organización antirracismo SOS Racisme en un comunicado difundido el miércoles.