Es por eso que la Fundación para la Libertad de Expresión se suma a esta serie de exigencias a las autoridades de procuración y administración de justicia y a los tres niveles de Gobierno, una real y comprobable voluntad política para cerrar la puerta a la impunidad, motivo principal del actual clima adverso para ejercer la libertad de expresión y garantizar el derecho a la información.
La semana pasada hablamos en este mismo espacio de que la periodista Lydia Cacho acababa de recibir nuevas amenazas de muerte para que en menos de 24 horas que esta redacción, publicara eso, nos enterábamos de que había salido del país para reorganizar su seguridad y regresar a México.
De igual forma, ahora podemos decir que los periodistas Gabriel Bauducco, Cecilia Cota y Armando Ramírez han sido amenazados recientemente; a Antonio Heras lo dejan desprotegido en Baja California y arrecian los ataques al Grupo Norte-Reforma ¿Qué sigue?
México está considerado actualmente más peligroso para el oficio periodístico que Irak o Afganistán.