Desde el punto de vista económico, el senador del PAN y presidente de la Comisión de Economía, Roberto Juan Moya Clemente dijo que, con la prohibición de la venta y exportación de vapeadores y cigarros electrónicos, se genera un mercado negro y de esta manera, “todo mundo pierde”, desde los consumidores que adquieren productos adulterados, hasta el Gobierno que pierde dinero en impuestos y persevera el contrabando.
Durante el foro “Mitos y realidades del vapeo: ¿hacia dónde debe ir México?”, organizado por la senadora de Morena Eva Galaz, y efectuado el 15 de noviembre en la sede de la Cámara Alta, el legislador aseguró que al no tener una regulación para los productos libres de humo, es más difícil para las autoridades nacionales dar con los vendedores ilegales.
“Queremos evitar el mercado negro porque ahí se ofertan productos nocivos e ilícitos. En la parte más primaria, quien deja de ganar dinero es el gobierno por estar de manera irregular y de contrabando. Si no esta regulado, el mercado negro ni siquiera paga impuestos, no sabemos dónde están ni quiénes son los que venden”, aseveró.
Pese a la prohibición, aseguró que es probable que los menores de edad no dejarán de consumir los dispositivos y van a satisfacer la demanda mediante la ilegalidad, a través de máquinas expendedoras o son ellos mismos los que hacen negocio vendiéndolos en las fiestas, pero corren el riesgo de adquirir artículos de mala calidad y sin control sanitario.
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“La oferta se satisface porque hay demanda. En cualquier producto, cuando se prohíbe algo de manera natural se crea un mercado negro (…) y todas estas máquinas expendedoras qué hay por ahí y los chavos que luego hacen de su negocio vender vapeadores en las fiestas, que si te lo mandan por el Uber o en alguna plataforma”, indicó.
Sobre lo anterior, puso como ejemplo la prohibición de fabricar, vender, transportar o importar bebidas alcohólicas, en Estados Unidos en 1920, pues detalló que esta política lejos de disminuir el consumo, provocó que surgieran bandas dedicadas al contrabando de alcohol debido a que las personas no querían dejar de beber.
“El caso más claro y famoso es la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. A raíz de esa prohibición, surge una organización criminal que sigue teniendo fuerza hasta nuestros días y su ‘boom’ se dio por encontrar un nicho de mercado que tenían ganancias extranormales y que tenían una alta demanda porque la gente no iba a dejar de tomar alcohol”, explicó.
Por ese motivo, resaltó la importancia de una regulación inteligente y estricta para proteger a los menores de edad de los vapeadores e inhibir su consumo, así como disminuir el consumo de los cigarros comunes como lo han logrado países que incluyen los dispositivos en sus políticas regulatorias.
“Entonces vamos a protegerlos lo más que podamos. Es importante que haya un parlamento abierto para hacer propuestas y seguir debatiendo. No hay mucho tiempo, el periodo está por concluir y es poco probable que se avance, pero podría entrar la discusión para el siguiente periodo” pidió.
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Confió en que se puedan llegar a acuerdos con la industria de los vapeadores para que proporcionen más información sobre sus beneficios y el contenido de sus productos, y obligarlos a que en sus cajas destinen el 70 por ciento a detallar sus daños, así como el 30 por ciento de su publicidad.
“Si la demanda es tal, tratemos de llegar a un acuerdo con la industria para que proporcionen más información, que 70% de la cajetilla sea para detallar los daños y 30% de su publicidad. Debe haber compromiso de las dos partes, la regulación no pretende ahogar a la industria, pero tampoco emitir leyes tan laxas”, finalizó.
En el foro estuvieron presentes senadores de todos los partidos, expertos y médicos que coincidieron en la urgencia de regular la venta y consumo de vapeadores y cigarros electrónicos ante el aumento del mercado negro y el consumo de menores tras su prohibición.
JGR
