Para continuar con el programa de austeridad en su segunda fase, el Gobierno del Estado no comprará este año vehículos para uso administrativo, por lo que se mantendrá el parque vehicular como hasta la fecha, informó Alberto Barona Lavín, secretario de Administración.
En cambio se reforzará el mantenimiento preventivo y correctivo, por lo que también se someterá a auditoría a los talleres contratados por el Gobierno, para constatar su nivel de cumplimiento y costos, mientras que los vehículos dados de baja por término de vida útil serán subastados.
Para evitar la compra de unidades nuevas, los 172 vehículos asignados a secretario, subsecretarios y directores de área, les fueron vendidos los automotores a resguardo, por lo que hoy los funcionarios estatales son responsables de sus unidades, de los gastos de uso y mantenimiento, pagados con ingresos propios.
Las únicas áreas que por sus funciones requieren de flotilla propia de vehículos, son la Fiscalía General de Justicia, Protección Civil y la Secretaría de Obras Públicas, las que se adquieren con fondos estatales y federales, así como su operación y mantenimiento.
Barona Lavín agregó que la autorización y compra de gasolina para vehículos oficiales se controla a través de tarjetas inteligentes, con lo cual se lleva bitácora con el registro pormenorizado de consumo de combustible, kilómetros recorridos y tareas específicas realizadas, a fin de evitar despilfarros y desviaciones.
Señaló por último que los vehículos dados de baja y puestos en subasta, en este año serán sólo 30, ya que con el fortalecimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo, ha disminuido la cantidad de unidades declaradas como obsoletas y con agotamiento de vida útil.