Incumplimiento de métodos de bioseguridad y monitoreo, falta de registro de las acciones de control y seguimiento experimental, conflicto de interés y no incineración del maíz transgénico cultivado son algunas de las violaciones a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y al Código Penal Federal (CPF) que denunció la organización ambientalista Greenpeace en las primeras siembras experimentales de maíz transgénico en Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
El colectivo presentó este día un documento, que dijo le fue remitido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el que se expone “la existencia de presuntas anomalías en 123 puntos inspeccionados, sólo en el estado de Sinaloa”.
En conferencia de prensa, Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México, detalló que esta situación resulta aún “más alarmante” si consideramos, dijo, que no existe un programa de verificación a nivel nacional de los 24 permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado (GM) emitidos por la Secretaría de Agricultura.
Explicó que la organización ambientalista presentó una denuncia ante la Profepa, en la que Greenpeace México exigió el inicio de un proceso de investigación, además de la cancelación de los permisos emitidos para sembrar maíz transgénico.
Por otra parte, agregó, en respuesta a solicitudes de información realizadas por la organización a través de la Ley Federal de Transparencia: el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) proporcionaron la siguiente información:
“Senasica reportó que las siembras solicitadas por la empresa Pioneer-PHI México, no se efectuaron en el predio destinado para tal fin”, dijo Aleira Lara.
En tanto, el Inifap dio a conocer, dijo Greenpeace México, que no participó en las siembras autorizadas en los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, “a pesar de que en las solicitudes de las empresas y los dictámenes de los permisos señalan que la siembra experimental se realizará en los campos del instituto”.
Explicó que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) recomendó que la experimentación, “sin excepción alguna”, debía realizarse dentro de terrenos responsabilidad de las instituciones públicas de investigación agrícola de México.
Lo anterior con el propósito de que el gobierno mexicano “asuma la total responsabilidad respecto a las liberaciones y a su desempeño seguro”.
Greenpeace informó que las siembras se llevaron a cabo en terrenos privados de agricultores cooperantes de las empresas.
Además denunció que las empresas Monsanto, Dow AgroSciences y Pioneer-PHI México, tomaron la determinación de violar la condicionante al permiso otorgado relativa a destruir en el mismo predio por medio de incineración (inmediatamente después de haber concluido el ensayo) todo el material que se haya derivado de la experimentación, y en su lugar, trituraron y enterraron los materiales.
“Ante tantas anomalías los resultados de esta etapa no son confiables ni pueden darse por válidos como referencia de la inexistencia de riesgos o de los beneficios de este tipo de cultivos, como pretenden hacer creer las empresas”, explicó María Colín, asesora legal de Greenpeace.
“Cualquier solicitud que presenten las empresas debe ser denegada en estos momentos ante la falta de certidumbre jurídica que impera en materia de bioseguridad para el centro de origen y diversidad de dicho cultivo”, agregó la litigante del grupo ecologista
