Explicó que en los casi dos años de gobierno de la Nueva Visión se revirtió la incapacidad recaudatoria que distinguió “lamentablemente” a Morelos. “Hoy hemos rebasado ya un crecimiento de 13 por ciento en la recaudación del predial, lo que habla de los resultados de la estrategia de hacienda estatal, basada en un acuerdo con los ayuntamientos llamado ‘El Pacto Hacendario’, con lo que reactivaron el cobro del impuesto predial”.
Indicó el mandatario que los recursos extraordinarios entregados por Hacienda Federal se aplicarán a la política de infraestructura y de inversión en agua, en plantas de tratamiento, en todo aquello que implique mejor calidad de vida para el propio estado de Morelos y también para reforzar los programas de política social que beneficie a la mayor cantidad de población.
El promedio de crecimiento recaudatorio, entre gobierno estatal y ayuntamientos, es del 25 por ciento que incluye el predial, impuesto a nómina, impuestos al turismo e impuestos de derechos de agua potable y formalización de empresas, entre otros.
Agregó Ramírez Garrido que se avanzó también en generación de empleo y formalización de micro, pequeñas y medianas empresas, lo que ha incrementado el cobro de gravámenes. La Secretaría de Hacienda, en su política hacendaria, explicó, tiene fijado un estímulo a municipios y entidades que aumentan su capacidad de tributación.
Dijo que la estrategia fiscal del Gobierno de la Nueva Visión incluye la creación de una” relación más sana”, entre la dependencia de los recursos federales que en la mayoría de las entidades del país oscila entre el 70, 80 y hasta el 90 por ciento y en Morelos se ha luchado porque esa dependencia de las partidas federales disminuya, con el aumento de la formalización de la economía, la recaudación del predial que es facultad municipal, así como el cobro de derechos y de todas las contribuciones que se dan en el ámbito estatal.
Concluyó Graco Ramírez al señalar que hoy los habitantes de Morelos están contribuyendo con el pago del valor de sus bienes raíces, de sus inmuebles, en un impuesto predial que permite obtener más recursos para hacer más drenajes, más redes de agua potable, plantas de tratamiento y mejor urbanización y, en consecuencia, mejor calidad de vida a los habitantes de zonas urbanas y rurales.