A menos de una semana de que la oposición tome el control del Parlamento en Venezuela, la impugnación de nueve diputados opositores electos por parte del oficialismo chavista atizó la tensión política, que anuncia un choque abierto de poderes, en un país ya agobiado por la crisis económica.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela recibió los recursos presentados el lunes y el martes por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) contra legisladores electos en distintas regiones del país. De aceptarse las impugnaciones, la oposición perdería la mayoría calificada que obtuvo en los comicios legislativos del 6 de diciembre.
Las impugnaciones incluyen una medida cautelar y de suspensión, que dejaría sin efecto la elección de nueve diputados, por lo que no podrían asumir sus cargos el 5 de enero, cuando se instale el nuevo Parlamento, en el que, por primera vez en 17 años de Gobierno socialista, los chavistas serán minoría, con 55 diputados frente a 112 opositores.
“El riesgo no es que la Sala Electoral anule las elecciones, pues en ese caso las elecciones se repiten. Y la nulidad puede que tarde un año. El riesgo es que pretenda impedir” que los diputados “ejerzan sus funciones a partir del martes”, afirmó el analista José Ignacio Hernández, profesor de prestigiosas universidades venezolanas.
Los analistas advierten de que el incremento del conflicto político provocaría una crisis aun mayor que la de 2015, que se cerrará con una inflación del 200%, la más alta del mundo, y una caída del PIB cercana al 20%, según cálculos privados, además de la aguda escasez de productos básicos que provoca tediosas filas en los supermercados.
“Resolver la crisis no se trata de izquierda o derecha. Se trata de racionalidad o irracionalidad económica (…). En la medida en que el Gobierno impida totalmente el trabajo de la Asamblea, aumentará lamentablemente la probabilidad de conflicto y radicalización”, opinó Luis Vicente León, de la firma Datanálisis.