Alrededor de siete millones de personas que no tienen un seguro médico fueron excluidas de forma explícita de la reforma del sistema de salud del presidente Barack Obama por ser inmigrantes indocumentados, según cifras oficiales.
La cuestión de brindarles cobertura a los indocumentados era tan polémica que, al final, con la nueva ley ni siguiera podrán comprar un seguro -en las nuevas “bolsas de salud”- aunque lo paguen con su propio dinero.
Los partidarios de reducir la inmigración creen que permitir que los inmigrantes ilegales tengan servicios de salud es un incentivo para que emigren a Estados Unidos y una carga impositiva injusta para los estadounidenses.
Aunque la ley recién aprobada excluye a los inmigrantes indocumentados de las bolsas, no hay una manera infalible de verificar sus documentos para evitar que utilicen servicios médicos, dijo Yeh Ling-Ling, directora ejecutiva de la Alianza por un Estados Unidos Sustentable. Además, podrán utilizar los servicios de emergencia.
“No es justo para los estadounidenses que no tienen dinero”, dijo Yeh.
Lo que está claro es que la cantidad de personas sin seguro bajará, pero los inmigrantes ilegales tendrán que seguir creando su sistema de salud propio con retazos de servicios de centros de salud, de salas de emergencia o de programas como San Francisco Sano, que ofrece atención a cualquier persona que viva en la ciudad.
“Tenemos que ser muy creativos: no pedir análisis médicos a menos que sea esencial, trabajar con medicamentos genéricos, con las empresas farmacéuticas o con muestras de medicamentos para los inmigrantes”, dijo Juan Carlos Ruvalcaba de la Clínica Sierra Vista, que atiende a inmigrantes y cobra entre 40 y 70 dólares, de acuerdo a las posibilidades económicas de los pacientes.
Ruvalcaba fue inmigrante indocumentado, pero pudo convertirse en ciudadano estadounidense y asistió a la escuela de medicina tras una amnistía migratoria en 1986. Ahora continúa comprometido a atender a todos los pacientes, sin importar si tienen seguro ni su situación legal, pero es muy poco lo que puede hacer, dijo.
Algunas de las personas que trabajan con esta población temen que cuando la atención de las instituciones se enfoque en darle servicios a los nuevos beneficiarios, aquellos que queden fuera del sistema serán olvidados y tendrán aún menos recursos.
“Esto podría hacer que las cosas empeoren. Pueden decir que cubrirán a 32 millones (que no tenían seguro), pero podría haber menos cosas para aquellos grupos grandes que están aquí, que trabajan y que son parte importante de la industria del agro”, dijo Norma Forbes, directora de la organización civil Fresno Healthy Communities Access Partners, que incluye a once grupos de salud del Valle Central de California, una zona rural.
Los millones de inmigrantes ilegales no serán los únicos que se queden sin seguro. Cerca de 16 millones de estadounidenses seguirán sin cobertura, incluso si el servicio se amplía en los próximos años, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Esta cifra incluye a aquellos que prefieran permanecer sin seguro, los que no saben cómo darse de alta o los que están exentos de la obligación de pagar un seguro de salud porque no pueden solventar las primas ni con subsidios.
Por ahora, los centros comunitarios de salud, las piedras angulares del sistema de atención a las personas sin seguro, sean inmigrantes o ciudadanos estadounidenses, continuarán siendo unos de los pocos lugares donde las personas puedan ser atendidas a un bajo costo
