Si bien el Gobierno Federal ha declarado nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP), el desarrollo inmobiliario irregular ha prevalecido en Quintana Roo ante la imposibilidad de obtener los permisos de impacto ambiental y por no contar con la facultad para hacer valer el derecho en materia de desarrollo regular por la falta de capacidades de vigilancia dentro de estas zonas.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) región Sureste, estos desarrollos ilegales se llevan a cabo en la clandestinidad debido a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autoriza pocas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), lo que ocasiona que se frenen obras y el desarrollo urbano del Estado, a pesar de la creciente demanda que existe.
En ese sentido, señalan que obtener un permiso de construcción inmobiliaria en la entidad puede tardar de uno a dos años dependiendo el proyecto y actualmente hay más de 100 proyectos detenidos por esta situación.
Por otra parte, a pesar de que el presidente Andres Manuel López Obrador informó a principios de octubre que México tiene más de 200 de estas áreas naturales que cubren en torno al 11 por ciento de la superficie terrestre y el 22 por ciento de la superficie marina del territorio nacional, estos esfuerzos tampoco son suficientes.
Esto se debe a la presión turística, los recortes al presupuesto de las instituciones ambientales y la falta de permisos a desarrollos inmobiliarios turísticos en Quintana Roo, que comienzan a generar consecuencias sociales y ambientales en sus populares destinos.
Mientras se decreta la protección de miles de hectáreas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), encargada de administrar las ANP, ha sufrido de constantes recortes al presupuesto desde la administración pasada, pues los proyectos de presupuesto de egresos de la Federación presentados al Congreso de la Unión desde 2018 han quitado dinero a la dependencia año tras año.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Quintana Roo, es otra institución afectada por los recortes al presupuesto lo que se ha reflejado en una importante disminución en sus capacidades de vigilancia al contar con únicamente dos inspectores en todo el estado, situación que ha sido aprovechada por el desarrollo turístico irregular.
Destinos como la Isla de Holbox, declarada ANP desde 1994, la situación es la misma ante la presión turística, al enfrentar graves desafíos ambientales y la pérdida de su esencia natural debido a su popularidad turística y la falta de regulación efectiva, lo que ha propiciado un auge de construcción irregular descontrolada y fuera de la norma.
Un claro ejemplo de un desarrollo inmobiliario que no cumple con las normas, es Shanti Holbox, un proyecto que consta de 120 terrenos en las playas de Punta Mosquito, que son vendidos como mini lotes, pero aunque son presentados como autosustentables y sostenibles, están fuera de toda regulación y no cuentan con autorización de impacto ambiental de la Semarnat.
En Tulum la situación es la misma ya que no cuenta con un Programa de Manejo actualizado para establecer las reglas en materia de desarrollo inmobiliario al interior del polígono, lo que se ha traducido en asentamientos irregulares y falta de normas claras.
En 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cerró nueve proyectos turísticos ubicados dentro del Parque Nacional Tulum, Área Natural Protegida (ANP) desde 1981, por haber destruido ilegalmente sus ecosistemas, pero esas medidas no han sido suficientes.
De hecho, ante la creciente demanda turística, la cifra de desarrollos habitacionales inscritos en Tulum se quintuplicó en 2021, al pasar de 123 en mayo de 2020 a 625 en la actualidad, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).
Así podrían aportar los desarrollos sostenibles en Quintana Roo
Los decretos de ANP deben estar acompañados de una estrategia, en conjunto con la Iniciativa Privada (IP), los tres niveles del gobierno, sociedad civil y las comunidades, que incentive el desarrollo sostenible de acuerdo a lo que esté permitido en cada una de las áreas con el objetivo de que los recursos del turismo y del desarrollo sean procurados para garantizar la protección de las mismas.
Existen precedentes en toda la República, así como en Quintana Roo y Yucatán, de ANP que se han protegido con recursos a partir del turismo regulado y sostenible en alianza y colaboración con el gobierno.
Uno de ellos es la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, que fue declarada ANP en 1986 y Patrimonio de la Humanidad en 1987 por la Unesco, por lo que es una de las áreas que se distinguen por sus importantes proyectos orientados a la conservación de la biodiversidad y desarrollo sustentable.
A partir de un esfuerzo inicial por diversificar las actividades económicas de las comunidades y en el área de influencia de Sian Ka’an, las cooperativas fueron capacitadas para prestar servicios turísticos, con un enfoque en objetos de conservación y desarrollo local y de preservación.
El proceso de planeación y visión de largo plazo fue clave para su éxito, incluyendo el contar con un Programa de Manejo que integra Programa de uso público, estudios de Capacidad de Carga y Límites de Cambio Aceptable como parte de las reglas administrativas.
El Parque Nacional Arrecifes de Cozumel es otro caso de éxito, ya que se le conoce como el Gran Arrecife Maya porque se encuentra la barrera de coral más grande del mundo y es el área donde se ha establecido una reserva de coral protegido.
De esta manera ayudan a recuperar y mantener en condiciones óptimas el ecosistema del arrecife, lo que permite que se pueda admirar su fauna marina, y disfrutar del buceo por medio de actividades controladas y responsables con el ambiente y gracias a la protección de esta parte de arrecife, es hogar de 300 especies de peces que habitan en los corales.
Estos casos son muestra de que con la alineación de objetivos específicos enfocados a la protección de estas zonas entre la IP, la sociedad civil y los tres niveles de gobierno, es posible lograr una regulación efectiva que permita no sólo proteger el ecosistema, sino generar recursos para mantener su conservación.
